Alejandra Magdalena González Cruz, mujer indígena mazahua, denunció públicamente a autoridades de la Escuela de Bellas Artes de Jocotitlán por actos discriminatorios en contra de su hijo Jesús Orlando Pedraza González, estudiante de 19 años de la Licenciatura en Ejecución Musical.

La madre del estudiante señaló exclusión académica, falta de ajustes razonables, posibles irregularidades en sus evaluaciones y desaparición de documentos médicos, además de hostigamiento por parte de directivos y docentes.

El caso se encuentra actualmente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Jesús Orlando vive con discapacidad intelectual leve, esclerosis múltiple remitente recurrente y un macroadenoma hipofisario, condiciones de salud clínicamente acreditadas que requieren atención, acompañamiento y ajustes razonables para garantizar su acceso a la educación en igualdad de condiciones.

De acuerdo con su madre, la institución educativa tuvo conocimiento de estas condiciones desde el ingreso del estudiante, en febrero de 2025. Sin embargo, denuncia que no se implementaron adecuadamente los apoyos y ajustes razonables necesarios, lo que habría colocado al alumno en un entorno académico hostil y excluyente.

EXCLUSIÓN ACADÉMICA Y ESTIGMATIZACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD

Según las denuncias presentadas por la madre, Jesús Orlando habría recibido comentarios que cuestionaban su capacidad artística, además de enfrentar dificultades para obtener respuesta a sus dudas durante las clases y sugerencias relacionadas con una posible baja de la licenciatura.

Alejandra González señala que algunos síntomas derivados de la esclerosis múltiple —condición que puede afectar el equilibrio, el habla y la motricidad— habrían sido atribuidos por personal de la escuela a un supuesto estado de ebriedad, sin que existiera una valoración médica que respaldara dicha conclusión.

La madre sostiene que estos señalamientos estigmatizaron al estudiante por las manifestaciones físicas de su enfermedad y que, ante esas situaciones, la escuela no activó un protocolo de protección ni se comunicó formalmente con la familia.

La presunta exclusión también se habría presentado en el ámbito artístico. Según la denuncia, Jesús Orlando fue el único alumno de su licenciatura al que no se le permitió cantar individualmente durante una demostración musical de fin de semestre, bajo el argumento de que “no estaba preparado”.

La madre considera que esta decisión no tomó en cuenta la obligación institucional de brindar una educación inclusiva ni la posibilidad de implementar los apoyos necesarios para favorecer la participación del estudiante.

DESAPARICIÓN DE DOCUMENTOS, ALTERACIÓN DE NOTAS Y ABUSO DE AUTORIDAD

El conflicto alcanzó un punto crítico durante una reunión el 29 de abril de 2026 documentada en la Queja formal ante la CODHEM (presentada el 7 de mayo de 2026) y en la Denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SECTI, ahí Alejandra González Cruz denunció que, tras revisar el expediente escolar de su hijo en presencia de la subdirectora y coordinadores, desaparecieron las notas médicas del IMSS que acreditaban la discapacidad y el estado de salud del joven.

En esa misma reunión, la subdirectora Fedra “N” intentó presionar a la madre para que realizará una anotación directa, que culpaba a la secretaria escolar de no haber anexado la documentación correcta que acreditara en específico la condición del alumno; ya que las notas médicas del IMSS para la subdirectora Fedra “N”, expresaban tecnicismos médicos que no eran suficientes para darle un acompañamiento, cabe recalcar que para esta reunión la subdirectora se presentó como la máxima autoridad en la Escuela de Bellas Artes de Jocotitlán.

Alejandra González solicitó a su hijo que grabara con su celular para que quedara registro sobre la situación, ya que ella no extrajo las notas médicas del IMSS que estaban en el expediente escolar.

En este contexto el coordinador Cesar “N” le arrebató el móvil a Jesús Orlando de las manos. Acto seguido, y por órdenes de la subdirectora Fedra “N”, indicó al coordinador revisar la papelera de reciclaje para constatar que el video había sido borrado, Cesar “N” accedió sin autorización a los archivos privados, incurriendo en una grave violación a la privacidad y abuso de autoridad.
Posteriormente, durante el periodo de evaluaciones de mayo de 2026, la familia identificó posibles irregularidades en las calificaciones del estudiante, las cuales también fueron incorporadas a las solicitudes de investigación y revisión presentadas ante las autoridades competentes.

La madre pide que se investigue la posible alteración o sustracción de documentos del expediente escolar, que se revisen las evaluaciones aplicadas al alumno y que se determine lo sucedido con los archivos almacenados en el teléfono celular.

DIRECTIVOS SE DESLINDAN DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

De acuerdo con el testimonio de Alejandra González, durante reuniones posteriores, el director de la institución, José “N”, respaldó las actuaciones de su personal y manifestó que la normativa de la escuela no contemplaba mecanismos de inclusión o evaluación diferenciada.

La madre afirma que el director expresó que el hecho de que el alumno estuviera sentado dentro del salón ya era inclusión.

Asimismo, señala que la subdirectora Fedra “N” sostuvo que la inclusión educativa solamente se aplicaba en la educación básica y planteó la posibilidad de canalizar al joven a talleres recreativos, en lugar de garantizar su permanencia y desarrollo dentro de la licenciatura.

Durante estos encuentros, según la madre, las autoridades escolares atribuyeron parte del conflicto a una supuesta sobreprotección familiar y señalaron que visibilizar constantemente los diagnósticos médicos del estudiante es “victimizarlo”.

Alejandra González rechaza estos señalamientos y sostiene que informar sobre las condiciones de salud de su hijo no busca victimizarlo, sino garantizar que reciba los ajustes razonables, apoyos y condiciones de accesibilidad que necesita para ejercer plenamente su derecho a la educación.

EL CASO FUE LLEVADO ANTE DIFERENTES AUTORIDADES

Ante la falta de una respuesta institucional que la madre considere efectiva, el caso fue presentado ante las siguientes instancias:

1. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

La madre presentó una queja por posibles violaciones a los derechos humanos del estudiante y solicitó medidas precautorias para proteger su permanencia, integridad física y emocional, así como su derecho a recibir una educación inclusiva y libre de discriminación.

También solicitó la preservación de su expediente escolar, la revisión de sus evaluaciones y la adopción de medidas para prevenir represalias, intimidación, hostigamiento o cualquier forma de exclusión.

2. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECTI

Se presentó una denuncia administrativa para que se investiguen las actuaciones del personal involucrado, las posibles irregularidades en el expediente escolar, el trato brindado al estudiante y los hechos ocurridos durante la reunión del 29 de abril de 2026.

La investigación administrativa continúa su curso. Las conductas que pudieran corresponder al ámbito penal deberán ser investigadas y determinadas por la autoridad competente.

3. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

La madre presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos relacionados con el teléfono celular del estudiante, sus archivos personales, los documentos médicos y las demás conductas denunciadas.

Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y determinar si existe alguna conducta constitutiva de delito y, en su caso, quiénes serían legalmente responsables.

UN LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

Alejandra González manifiesta que los procedimientos han sido lentos y desgastantes, mientras su hijo continúa expuesto a un ambiente que ella considera discriminatorio y contrario a los principios de la educación inclusiva.

“Es vuelta y vuelta y nadie ha hecho nada. Mi hijo va a entrar a un nuevo ciclo y las actitudes discriminatorias persisten. Si así me tratan a mí como madre y profesionista, ¿qué no le harán a mi hijo cuando se queda solo?”, expresó.

La madre hace un llamado urgente a las autoridades educativas del Estado de México para que intervengan, garanticen la protección del estudiante y eviten que sea excluido o privado de su derecho a continuar con su formación profesional.

También solicita que se realice una investigación objetiva e imparcial; que se preserve íntegramente el expediente escolar; que se revisen las evaluaciones cuestionadas; que se implementen ajustes razonables y que se dicten medidas efectivas contra cualquier posible represalia.

Los hechos aquí expuestos corresponden al testimonio de la madre y al contenido general de las denuncias presentadas ante las autoridades. Los procedimientos se encuentran en trámite, por lo que corresponderá a las instancias competentes investigar y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades administrativas o penales.

Por respeto al debido proceso y a la reserva legal de las investigaciones, no se harán públicos los documentos, declaraciones, testimonios, diligencias ni elementos probatorios que integran la carpeta de investigación.