El 28 de mayo de 2026, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo oficial el nombramiento de Alma Patricia de León Calderón como rectora de la Unidad Lerma, en el Estado de México. Ella cuenta con una trayectoria que combina la docencia, la investigación y la gestión administrativa. Sin embargo, los archivos públicos, las fechas, los nombres y los testimonios de la comunidad universitaria cuestionan su llegada a la máxima autoridad del campus y piden su salida.

La nueva rectora de la UAM Lerma, Alma Patricia de León Calderón, es licenciada en Economía y en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, y su producción bibliográfica incluye libros y capítulos sobre capital social, análisis de redes y políticas públicas. Su perfil institucional, difundido por la propia universidad, la presenta como una académica consolidada y una gestora experimentada, con un programa de trabajo titulado Consolidar para Trascender que promete ordenar el crecimiento de la Unidad y proyectarla hacia 2030.

Pero un expediente que ha circulado en las últimas semanas cuenta una historia paralela. Comienza en 2018, mucho antes que De León Calderón pensara en la rectoría.

Ese año la UAM publicó la convocatoria para una plaza de profesor asociado en el Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma. Los requisitos eran muy específicos: título de licenciatura en Derecho, grado de maestría en Estudios Regionales y líneas de investigación delimitadas con precisión: análisis de redes sociales aplicado a políticas públicas, definición de la región como un proceso de redes de flujo, evaluación de políticas como aprendizaje, elaboración de indicadores para intervenciones sociales y teoría del capital social. Quien revisara el currículum de De León Calderón en ese momento, habría encontrado una coincidencia casi exacta: ella era abogada, maestra en Estudios Regionales y sus publicaciones y proyectos de investigación giraban en torno a esos mismos temas.

En ese mismo periodo, era jefe del Departamento de Procesos Sociales el doctor Manuel Lara Caballero, y estaba involucrado en dicho proceso académico. Al mismo tiempo, había coordinado la evaluación de tres programas presupuestarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), los cuales eran Becas de Posgrado, Programa PEI y Fortalecimiento a la Infraestructura, por un monto total de un millón 149 mil pesos (adjudicados en tres convenios de 383 mil 333 pesos cada uno).

La unidad administrativa del CONACyT responsable de dar seguimiento a estas evaluaciones era la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, cuyo titular era el doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, esposo de Alma Patricia de León Calderón, la nueva rectora en Lerma, el día de hoy.

La secuencia no implica ilegalidad, pero configura una red de relaciones institucionales que, al menos, debió haber sido declarada y sometida al escrutinio de la comunidad. La pregunta que hoy formulan los estudiantes no es si hubo un delito, sino si hubo transparencia.

El entramado se vuelve aún más denso cuando se consultan los archivos de la prensa nacional. En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, hizo pública una investigación contra 31 científicos y exfuncionarios del CONACyT por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La indagatoria, ampliamente difundida por medios como El Financiero y Proceso, señalaba la presunta desviación de 244 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. Entre los nombres de la lista aparecía Miguel Adolfo Guajardo Mendoza. También figuraban Víctor Gerardo Carreón Rodríguez —coautor, junto con De León Calderón, del libro El futuro de las finanzas digitales en México— y Luis Mier y Terán Casanueva, ex rector general de la UAM.

En mayo de 2024 un tribunal federal absolvió a todos los implicados. No existe condena ni sentencia firme. Pero la investigación, más allá de su desenlace judicial, dejó al descubierto la existencia de una trama de relaciones que hoy, según los denunciantes, se reproduce en el interior de la Unidad Lerma. “Su esposo fue quien hizo posible que ella llegara a la UAM”, sostiene un estudiante que participó en el proceso de auscultación y pidió reserva de su identidad por temor a represalias. “Y ahora ella llega a la rectoría con el respaldo de la misma red que los protege”.

El proceso de elección, que culminó con el nombramiento de De León Calderón en mayo de 2026, también ha sido objeto de señalamientos. Varios representantes del alumnado describen un mecanismo plagado de irregularidades. Denuncian que se contabilizaron votos de personas externas a la comunidad universitaria, ajenas a la realidad cotidiana del plantel, que las reglas de postulación cambiaron en tres ocasiones y que la candidata ganadora recibió cartas de apoyo de ayuntamientos, del Congreso local y de otras instituciones de gobierno, un respaldo que, a su juicio, resulta incompatible con el espíritu de una consulta universitaria.

La preocupación más grave, sin embargo, no se limita a las irregularidades administrativas. La Unidad Lerma, como muchas instituciones educativas del país, ha sido sacudida por denuncias de violencia de género. El colectivo Sororidad UAM Lerma ha documentado al menos 63 reportes de acoso y hostigamiento sexual dentro del campus. En 2023, la Unidad se sumó a un paro indefinido que estalló tras la exoneración de un agresor en la Unidad Cuajimalpa, y las estudiantes locales denunciaron entonces que las autoridades minimizaban los casos.

Los testimonios recogidos por este medio apuntan directamente a la actuación de De León Calderón durante su etapa como jefa de departamento y, más tarde, como secretaria de la Unidad desde donde intervino para desactivar las protestas en lugar de atender de fondo los casos de acoso.

El programa de trabajo que De León Calderón presentó para su candidatura, Consolidar para Trascender, dedica siete ejes estratégicos a la planeación, la infraestructura, la investigación, la vinculación, la gobernanza, el bienestar y la sostenibilidad. Promete articularse con gobiernos locales, estatales y federales, y con el sector productivo. Para sus críticos, ese eje de vinculación no es una promesa de gestión, sino la confirmación de una agenda que busca fortalecer los lazos con las mismas redes que la impulsaron. Pero el documento no aborda la crisis de violencia de género ni la desconfianza institucional que hoy atraviesa la Unidad. No menciona los 63 reportes ni los paros, o el clima de miedo que, según los testimonios, se respira en los pasillos.

La comunidad universitaria que se ha manifestado en contra del nombramiento no pide la descalificación personal de la nueva rectora. Pide, en cambio, la apertura de una investigación independiente sobre la posible manipulación de la convocatoria de 2018, los vínculos institucionales y familiares que rodearon su ingreso y su ascenso, las denuncias de acoso sexual, la actuación de las autoridades y la transparencia del proceso de auscultación de 2026.

Así, integrantes de la comunidad universitaria piden la intervención de la gobernadora del Estado de México, del Congreso local, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia y del Senado de la República.

“No es un llamado a la descalificación personal”, insiste uno de los correos que circulan entre los estudiantes. “Es un llamado a la memoria institucional, al escrutinio crítico y a la defensa de la universidad pública. La pregunta no es solamente quién puede dirigir la universidad. La verdadera pregunta es qué tipo de universidad queremos preservar”.