Redacción Todo en Contra
PRESENTE

La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida institucional reciente. A los problemas financieros, las inconformidades laborales y el creciente descontento de diversos sectores universitarios se suma una serie de decisiones administrativas que han generado preocupación por sus posibles efectos sobre el patrimonio universitario, la estabilidad laboral y la credibilidad de la institución ante la sociedad.

La comunidad universitaria ha sido testigo de una política de reestructuración administrativa que, lejos de fortalecer a la institución, parece estar generando costos económicos, conflictos laborales y una profunda fractura en la confianza entre autoridades y trabajadores. Las decisiones adoptadas por la actual administración han provocado inquietud entre académicos, administrativos y personal de confianza, que observan con preocupación cómo se debilitan principios fundamentales como el mérito, la experiencia profesional y la igualdad de oportunidades dentro de la Universidad.

Despidos injustificados y generación de pasivos laborales

Uno de los aspectos más preocupantes es la ejecución de múltiples despidos de personal universitario que, según los trabajadores afectados, se han realizado sin observar plenamente los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Se trata, en muchos casos, de servidores universitarios con años de experiencia, trayectoria institucional y conocimiento especializado acumulado durante décadas de servicio.
Más allá del impacto humano y familiar que representa la pérdida de una fuente de empleo, estas decisiones pueden derivar en un considerable incremento de litigios laborales. Cada demanda presentada ante las autoridades jurisdiccionales implica la posibilidad de condenas económicas futuras, pago de salarios caídos, indemnizaciones, prestaciones y demás conceptos que eventualmente deberán cubrirse con recursos universitarios.
En otras palabras, los costos de estas decisiones no recaen únicamente sobre los trabajadores despedidos, sino sobre toda la comunidad universitaria, pues comprometen recursos públicos que deberían destinarse al fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria.

Designaciones discrecionales y cuestionamientos sobre el mérito profesional

Paralelamente a la separación de trabajadores con experiencia, se han generado cuestionamientos respecto de la forma en que se han cubierto plazas y cargos administrativos. Diversos sectores universitarios señalan que algunas designaciones parecen responder más a relaciones de afinidad personal, compromisos políticos o vínculos de confianza que a procesos transparentes basados en el mérito profesional, la experiencia y las capacidades técnicas.
Esta percepción resulta particularmente preocupante en una institución que históricamente ha defendido los principios de excelencia académica, igualdad de oportunidades y profesionalización del servicio universitario. La comunidad tiene derecho a conocer bajo qué criterios se realizan las contrataciones, promociones y nombramientos, especialmente cuando existen trabajadores con trayectoria acreditada que han sido desplazados o separados de sus funciones.
Asimismo, han surgido señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés y presuntos casos de nepotismo que ameritan ser esclarecidos mediante mecanismos institucionales de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Entre ellos destacan cuestionamientos sobre la autorización y asignación de una plaza de tiempo completo en un organismo académico a una persona vinculada familiarmente con una alta funcionaria universitaria. Independientemente de la legalidad o irregularidad de dicho nombramiento, la existencia de estas dudas obliga a la administración a transparentar los procedimientos seguidos, los criterios de selección aplicados y las evaluaciones que sustentaron la decisión, con el propósito de disipar cualquier sospecha de trato preferencial, conflicto de interés o uso indebido de atribuciones.
La relevancia de este tema cobra mayor fuerza si se considera que recientemente, en sesión del Consejo Universitario, se abordó un caso de presunto nepotismo que derivó en la separación de dos servidores universitarios de sus cargos. Dicho antecedente demuestra que la problemática no es menor y que las propias autoridades universitarias han reconocido la necesidad de actuar cuando existen elementos que comprometen los principios de imparcialidad, ética pública y legalidad que deben regir el servicio universitario.
Ante este contexto, resulta inevitable plantear una interrogante legítima para la comunidad universitaria: ¿este nuevo señalamiento quedará en el limbo administrativo, sin investigación ni consecuencias, o el Órgano Interno de Control ejercerá plenamente sus facultades para revisar los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar que la normativa universitaria se aplique de manera imparcial y sin distingos?
La confianza en las instituciones no se construye únicamente mediante discursos, sino a través de acciones concretas. Si la Universidad ha demostrado disposición para actuar en casos similares, resulta indispensable que cualquier denuncia o señalamiento relacionado con posibles actos de nepotismo sea investigado con el mismo rigor, independencia y transparencia, independientemente del nivel jerárquico de las personas involucradas. Sólo así podrá garantizarse que los principios de legalidad, igualdad de oportunidades y mérito profesional prevalezcan sobre cualquier interés particular.

Duplicidad de funciones y gasto jurídico innecesario

Resulta igualmente preocupante que, contando la Universidad con una Consejería Jurídica y con personal especializado adscrito a su estructura orgánica, se haya optado por contratar servicios profesionales externos para atender litigios laborales derivados precisamente de decisiones tomadas por la propia administración.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Si la institución dispone de personal jurídico capacitado y remunerado para desempeñar esas funciones, la contratación de despachos externos representa una posible duplicidad de gasto que debe ser explicada y justificada ante la comunidad universitaria.
La preocupación adquiere mayor relevancia a la luz de lo establecido en los artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen que la contratación de servicios profesionales externos debe estar debidamente justificada y condicionada a la inexistencia de personal capacitado dentro de la propia institución para realizar las actividades requeridas.
Por ello,es indispensable que las autoridades universitarias informen públicamente las razones que motivaron dichas contrataciones, los montos erogados y los dictámenes que sustentaron la necesidad de recurrir a servicios externos.

Un clima de inconformidad entre el personal académico

La problemática administrativa ocurre además en un contexto de creciente malestar entre el personal académico. Profesores e investigadores han expresado inconformidad por diversos temas que afectan directamente sus condiciones laborales y económicas.
Entre las principales preocupaciones destacan los efectos derivados del cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre diversas percepciones, así como la disminución de estímulos académicos vinculados al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED), situación que ha impactado los ingresos de numerosos profesores que durante años han sostenido actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión académica.
Para muchos integrantes del personal académico, estas medidas representan una reducción efectiva de sus ingresos en un contexto económico cada vez más complejo. La percepción de que se exigen mayores resultados académicos mientras disminuyen los incentivos y reconocimientos institucionales ha generado descontento y una creciente sensación de abandono por parte de las autoridades universitarias.

El deterioro de la confianza institucional

Las universidades públicas se sostienen sobre principios de legalidad, transparencia, mérito, equidad y responsabilidad social. Cuando estos principios son percibidos como vulnerados, el daño trasciende lo administrativo y alcanza la legitimidad misma de las instituciones.
La experiencia acumulada por trabajadores despedidos, el descontento de los académicos, los cuestionamientos sobre contrataciones y nombramientos, así como el posible incremento de pasivos laborales y gastos jurídicos, conforman un escenario que exige una revisión profunda de las decisiones adoptadas por la actual administración.
La Universidad Autónoma del Estado de México no puede permitirse perder su capital humano más valioso ni comprometer recursos públicos en decisiones que eventualmente podrían resultar más costosas para la institución.

Exigencia de transparencia y rendición de cuentas

Por todo lo anterior, resulta indispensable que las autoridades universitarias informen con claridad a la comunidad sobre:
• Los criterios utilizados para los despidos y reestructuraciones administrativas.
• El número de litigios laborales derivados de dichas decisiones y el posible impacto económico para la institución.
• Los procedimientos de contratación y nombramiento de nuevos funcionarios y trabajadores.
• Los fundamentos legales y presupuestales de las contrataciones de despachos jurídicos externos.
• Los criterios que sustentaron la asignación de plazas académicas y administrativas cuestionadas por la comunidad.
• Las razones que explican las afectaciones económicas derivadas del ISR y la disminución de estímulos académicos como el PROED.
La comunidad universitaria merece respuestas claras, verificables y transparentes. La defensa del patrimonio institucional, de la legalidad y de la dignidad de las y los trabajadores universitarios no constituye una confrontación con la Universidad; por el contrario, representa un compromiso con su fortalecimiento, su autonomía y su futuro.
La UAEMéx pertenece a toda la sociedad mexiquense. Por ello, cualquier decisión que comprometa sus recursos, debilite a su personal o afecte su credibilidad debe ser revisada con responsabilidad, transparencia y pleno apego a la legalidad.

Atentamente
Comunidad universitaria afectada