Por Lía Ramírez

El prólogo de Memorias insurrectas, a 50 años de la masacre del 10 de junio del 71, dice que “Los Halcones” formaron parte de una política de Estado para contener al movimiento estudiantil a la par que instauraba la “guerra sucia” contra movimientos sociales, organizaciones políticas opositoras, minorías y grupos indígenas.

Así fue y así ha sido, el episodio histórico de “El Halconazo" evidenció la naturaleza violenta y autoritaria del régimen priista de Luis Echeverría, una naturaleza que se apega al poder en turno de cualquier partido.

Después de 55 años del Halconazo, la conmemoración se realiza entre dispositivos policiales y militares que tratan de evitar que las manifestaciones actuales avancen. La conmemoración de los muertos del 71 este 2026 está rodeada por la parafernalia de un Mundial de futbol que está a punto de comenzar.

Cerca del centro de la Ciudad de México, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han montado un plantón para exigir al régimen atención a demandas históricas: seguridad social y pensiones, reformas educativas y laborales, justicia social y no represión.

Una demanda concreta de la CNTE es el retiro de los cercos policiales y las vallas metálicas instaladas en la capital del país; que se cumpla de manera efectiva el compromiso de no represión y de no repetición de lo sucedido el 10 de junio de 1971.

En 2021, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, aseguró que el gobierno no volvería a utilizar la fuerza militar o policial para reprimir al pueblo ni para acallar las demandas sociales y estudiantiles. No obstante, hace apenas unos días, el 1 de junio, el maestro originario de la región indígena de la Montaña de Guerrero, Columbo González, fue impactado en el rostro por una bala de goma disparada por policías durante una protesta en la Ciudad de México: la narrativa oficial de no repetición se desmorona.

Si bien, hasta el momento, la respuesta del Estado no replica la violencia letal y paramilitar de 1971, la gestión del conflicto con el magisterio disidente revela otro tipo de inercias:

• Una constante descalificación retórica: las demandas legítimas de los maestros de la CNTE se responden con discursos oficiales que minimizan la protesta. El movimiento estudiantil del 71 también fue estigmatizado.
  
• El uso de vallas masivas, amagos de dispersión en momentos de tensión y el despliegue de cuerpos de seguridad en el Centro Histórico para blindar los palacios, como en el 71, el Estado sigue priorizando la contención del espacio público por encima del verdadero diálogo resolutivo.
  

Quizá el pretexto es el Mundial, pero la verdadera no repetición no se limita a evitar las masacres; implica desmantelar los mecanismos de criminalización de la protesta social.

Mientras las demandas de la CNTE sigan siendo administradas con desgaste político y contención física en lugar de una resolución estructural, el espíritu de justicia del 10 de junio permanecerá incompleto.