El 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, bajo las órdenes del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se ejecutó un operativo contra floristas en el mercado de Texcoco, ellos contaban con el respaldo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), una organización con un alto historial de resistencia que frenó en 2002 el proyecto de construcción de un aeropuerto en sus tierras ejidales.

Con apoyo del gobierno federal se desplegaron más de 3 mil elementos de la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal en un acto de violencia de Estado planificado cuyo saldo fue dos jóvenes asesinados: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años y Ollin Alexis Benhumea Hernández, de 20 años, cientos de heridos y decenas de mujeres víctimas de tortura sexual.

Aunque el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó al Estado mexicano en 2018, la realidad hoy, 3 de mayo de 2026, es de un estancamiento absoluto: no hay castigo a los culpables, ningún alto mando político o intelectual, incluido Peña Nieto, ha sido procesado. Las investigaciones penales no han avanzado ni en la Fiscalía General de la República (FGR) ni con las autoridades del Estado de México.

Los sobrevivientes denunciaron recientemente ante la Corte IDH la indolencia del Estado y la falta de cumplimiento en la mayoría de las medidas de reparación ordenadas, como la investigación efectiva de la cadena de mando y medidas de no repetición.

La retórica de Claudia Sheinbaum en Atenco

Hoy, 3 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum asiste a San Salvador Atenco para un acto de «restitución de tierras» como parte de su Plan de Justicia. Sin embargo, su visita ha sido recibida con bloqueos en la carretera Texcoco-Lechería por parte de pobladores que exigen soluciones reales a carencias básicas como el acceso al agua.

La crítica hacia la actual administración es contundente:
Omisión en el castigo, mientras el discurso oficial resalta la restitución agraria, las víctimas señalan que Sheinbaum y su gobierno no han movido un dedo para avanzar en la justicia penal contra los perpetradores de la tortura de 2006.
La impunidad continúa al no presionar por el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte IDH en sus términos de justicia criminal, el actual gobierno permite que los responsables de las graves violaciones a derechos humanos sigan gozando de libertad, reduciendo el «Plan de Justicia» a obras de infraestructura que no sanan la exigencia de castigo.
A dos décadas del ataque, Atenco sigue siendo el recordatorio de que en México la justicia se puede ofrecer en discursos, pero nunca en sentencias contra el poder.