La cancelación del proceso de elección de rectora sigue sin concretarse por parte del Consejo Universitario, a pesar de que ha sido una de las demandas centrales que el Enjambre Estudiantil Unificado (EEU) reivindicó en la movilización del 30 de mayo de 2025, donde terminó echando abajo las barreras metálicas dispuestas en el edificio administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Esta exigencia fue pasada por alto y el 11 de junio se anunciaba que el Consejo Universitario había avalado por mayoría la continuidad del Proceso de Elección de Rectora para el periodo ordinario 2025-2029, en tanto se avanzara en la aprobación de la Reforma al Estatuto Universitario, así como en el análisis de las bases del proceso y los cambios en el calendario.

Ya que la reforma al Estatuto se ha concretado, el Consejo tiene definidos pasos a seguir que nuevamente podrían darse sin tomar en consideración la exigencia del movimiento estudiantil.

Y es que los grupos de poder de la Universidad saldrán en este escenario, pues sacar el proceso de elección con las candidatas ya registradas les permitirá que el plan que tenían trazado se retome donde lo dejaron, con una única pieza menos (Eréndira Fierro). De esta manera el movimiento estudiantil se limitaría a elegir entre propuestas que no han emanado del proceso de cambio que atraviesa la Universidad y, por el contrario, son continuadoras de las administraciones pasadas.

Después de más de 60 días en paro, es evidente que el cansancio campea en el movimiento estudiantil. Sin embargo, ceder terreno a la demanda de cancelación del proceso representaría un retroceso a las conquistas ya logradas, ya que el proceso de elección reproduciría la caricatura de lo que sucede en la “democracia” de nuestro país, donde los candidatos que acceden a los cargos de elección lo consiguen porque tienen el apoyo del poder económico y representan los intereses de quienes financian sus campañas. En tanto, las grandes mayorías de trabajadoras y trabajadores son excluidas de toda participación política y se limitan a ejercer su voto para después terminar traicionados.

En este caso el proceso de elección trazado por la administración del ex rector Eduardo Barrera Díaz excluye a cientos de universitarias y universitarios del legítimo derecho de conducir la Universidad. Además, excluye al movimiento estudiantil de participar en una opción que realmente represente los intereses de cambio en la institución.

En estas condiciones el movimiento estudiantil puede demandar que, en lo inmediato, se realice un nuevo proceso en donde intervenga en la definición de las bases, o que se nombre -con su participación- una rectora o rector interino que conduzca la institución durante el tiempo que se requiera para que se reforme de manera integral la Ley de la Universidad y el Estatuto.

La atención a esta exigencia quedaría en manos del Consejo Universitario, pues la Ley y el Estatuto prevén un encargado del Despacho durante un máximo de tres meses, en ausencia definitiva del rector. De no lograrse la sustanciación del proceso se presentaría un escenario no previsto por el artículo 33 de la Ley de la Universidad.

En términos generales, este es el panorama en el que el Enjambre deberá disputar la siguiente batalla.