Certificados Integrales Funcionales, SA de CV (Grupo CIF), es una empresa con 26 años de operación en el sector funerario, que desde el 2010 empezó a acumular señalamientos de desvío de fondos, falta de transparencia en los contratos y, finalmente, el incumplimiento total de los servicios prometidos. Pese a su opaco funcionamiento, autoridades de distintos niveles de gobierno del Estado de México siguieron promoviendo esos servicios entre los trabajadores, contratos atractivos y pagos quincenales deducidos directamente de la nómina.

“Hace unas semanas empezó a circular con más fuerza el comentario entre el magisterio mexiquense y en redes sociales que Grupo CIF había desaparecido porque ya no estaban sus oficinas y no responden a las llamadas, fue entonces que comencé a verificar por mi cuenta y confirmar la situación. Entré a un grupo donde más de 300 docentes jubilados y en activo están empezando a organizarse para demandar a la empresa”, dice la maestra Mari, a quien se le guarda anonimato, pues ha identificado que personas vinculadas a Grupo CIF han comenzado a operar para boicotear la organización de los afectados y realizar amenazas.

 La docente decidió contratar los servicios de Grupo CIF cuando llegaron a promocionarse en su centro de trabajo, con el aval de la Secretaría de Educación estatal. Le ofrecieron un paquete atractivo del servicio funerario en el que incluyó a su esposo y comenzó a pagar con descuento a nómina. En ocho años acumuló el pago de 35 mil pesos y finalmente recibió su “certificado vitalicio”, firmado por Miguel Ángel Martínez Ruiz, quien aparece como director de Finanzas. Este procedimiento se repitió con cientos de personas hasta octubre de 2024, cuando se hizo evidente la desaparición de la empresa.

El certificado cuenta con ocho números telefónicos de referencia, de los cuales ninguno funciona, lo mismo pasa con las oficinas físicas y las redes sociales con las que la empresa contaba.

En los documentos a Mary también se le incluyó un consentimiento de Seguro de Gastos Funerarios, en donde se señala que la beneficiaria ha solicitado la póliza de seguros a Royal & SunAlliance Seguros (México), SA de CV, empresa que en 2016 cambió su denominación por Seguros Sura, SA de CV, la cual sigue operando. Sin embargo, ante los reclamos y solicitudes de los beneficiarios del certificado vitalicio, se ha deslindado de las responsabilidades adquiridas por la desaparecida Royal & SunAlliance Seguros (México).

En otros documentos proporcionados por afectados también puede observarse la vinculación de los certificados con la afianzadora Fianzas Atlas, SA y con el fideicomiso Vector Casa de Bolsa, SA de CV., además en su página web Grupo CIF señala una alianza con «Consubanco-CIF», a partir de 2022.

A partir de la desaparición de la empresa los afectados han iniciado un largo proceso de reclamación por distintas vías, uno de ellos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), organismo descentralizado que funciona como defensor de los usuarios de cualquier tipo de servicio financiero. Dicha instancia ha canalizado a algunos afectados a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el argumento de que se trata de un proceso mercantil, y que dicha instancia debe identificar cuál es la asegurada responsable para que el proceso pueda ser retomado por la Condusef.

Hasta el 30 de noviembre de 2024 la Profeco acumulaba 9 quejas en trámite contra CIF, todas presentadas en la zona metropolitana del Estado de México. Pero luego de la desaparición de la empresa la Profeco se ha negado a levantar quejas con el argumento de que el afectado debe indicar un domicilio de la empresa. Así, la Condusef y la Profeco han empezado a dejar en el limbo a los afectados.

 Además de esta ruta, otros usuarios ya han presentado una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde también han encontrado trabas desde el argumento de que el fraude no está tipificado y que deben acudir a una instancia civil.

En busca de alternativas

“Cuando me dicen eso mis representados yo les digo que respondan al ministerio público que no es vía civil, porque ya no hay a quién demandar. El gobierno del Estado de México y todas los demás dependencias o instituciones tenían que haber firmado convenios con CIF para poder ofertar esos servicios. Entonces, aquí lo importante es hacer un exhorto a la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Edomex; a la Fiscalía local para que lejos de truncar el levantamiento de esas denuncias de hechos, apoyen a todos esos ex servidores públicos, porque además el 70 % de los afectados son personas de la tercera edad”, dice el abogado Óscar Chávez Espinosa, quien forma parte de la Asociación Civil Mexiquenses por la Transformación Social (MST), la cual ha venido organizando y defendiendo los intereses de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y ahora se ha involucrado en asesorar a los afectados e integrar una ruta jurídica que pasa por la denuncia de hechos.

“Estamos apoyando a todos los defraudados, servidores públicos activos, jubilados, pero también hay mucha gente que no forma parte del servicio público que se enteraba y contrataba los servicios. Entonces los estamos asesorando gratuitamente en las acciones a realizar”.

Al momento, en torno al MST hay cerca 800 quejosos organizados, algunos con residencia en otros estados e incluso en el extranjero, una cantidad considerable pero que podría ser mucho mayor pues la página de Grupo CIF señala haber “protegido” a 150 mil personas.

Los inicios del engaño

Poco después, en Puebla empezaron a surgir denuncias de empleados del gobierno de aquella entidad que habían comenzado a pagar los servicios; algunos de ellos señalaron la existencia de un esquema de prepago similar a las estructuras piramidales, en el que los primeros clientes eran pagados con las cuotas de las siguientes, que a su vez recibirán beneficios con los pagos de los de abajo.

A partir de ahí las denuncias continuaron apareciendo ocasionalmente en medios de comunicación de distintos estados, incluyendo al Edomex, por irregularidades con algunos clientes, a los que no se les llegaba a hacer efectivo el servicio o no se les informaban adecuadamente las implicaciones del contrato.

Actualmente el Registro Público de Comercio señala que los entonces mencionados Alberto Monroy Calva y Alberto Monroy Cepeda figuran como presidente y consejero propietario de la empresa, respectivamente. Además, otros cuatro nombres aparecen como accionistas de Certificados Integrales Funcionales, SA de CV (Grupo CIF).

Tratos y negocios con entidades públicas

En el recuento de casos que el abogado Óscar Chávez relata y su vinculación con dependencias públicas, aparece el nombre de Complejos de Recaudación, Organización y Servicios Afiliares (CROSA) -hoy Centros de Servicios Administrativos (CSA)-, que permitió poner quioscos de Grupo CIF para ofertar los servicios tanto a servidores públicos como a la población en general. Además, la Secretaría de Educación Pública habría dado a Grupo CIF un permiso para que pudieran entrar a las escuelas a ofertar estos servicios, y por eso cerca del 70 % de los defraudados pertenecen al magisterio.

Pero no son las únicas dependencias involucradas. La propia web de Grupo CIF indica convenios con el gobierno de Morelos, Jalisco, el ISSEMyM y el gobierno mexiquense, mientras que rastros de más convenios se encuentran en portales de Transparencia y redes sociales.

Por ejemplo, en septiembre de 2022 la página SUTEYM-ISSEMyM publicó un video promocional de Grupo CIF en donde se anunciaba que, en colaboración con esa sección del sindicato, otorgaba descuento a servidores públicos y familiares del ISSEMyM.

Algunos convenios que han sido públicos retratan con más claridad los mecanismos que Grupo CIF implementó. Uno de ellos fue con el ayuntamiento de Toluca, con quien en 2013 celebró un convenio firmado por la entonces presidenta municipal, Martha Hilda González Calderón, recientemente fallecida, y el secretario municipal, Braulio Álvarez Jasso, para la promoción y adquisición de certificados integrales funerarios para los servidores públicos de ese nivel de gobierno. El ayuntamiento permitió a la empresa promocionar sus servicios por conducto de sus agentes dentro de las instalaciones del ayuntamiento mediante folletos, exhibiciones, carteles o promotoría. A cambio la empresa ofrecería facilidad de pago a través de descuentos vía nómina.

Los afectados ya han denunciado otras irregularidades como el hecho de que en el marco de la desaparición de Grupo CIF, personal ligado a la empresa se comunicaban con los clientes para pedir que depositaran a sus cuentas personales la cantidad que ya no se les estaba descontando, para que ellos lo traspasaran a Grupo CIF. En otros casos los descuentos a nómina se mantienen aún, pese a la desaparición de la empresa.

“El gobierno del estado le sigue cobrando a los activos esa cuota quincenal, pero no les dice que esto está pasando. Entonces, el mismo gobierno del estado está siendo partícipe en este fraude en contra de los servidores públicos activos y de los jubilados y pensionados, pero también los sindicatos y ayuntamientos, porque en su momento iban las empresas a las dependencias y ofertaban a CIF”, dijo el abogado Chávez, quien añadió que ya preparan un escrito para la gobernadora en el que solicitarán el derecho a una audiencia. De ser necesario, saldrán a marchar para pedir una respuesta de los sindicatos, del gobierno del Estado y del ISSEMyM.

El proceso del abogado Chávez está abierto para que se unan más afectados, quienes pueden incorporarse mediante mensajes en Facebook y whatsapp. Antes, deberán comprobar previamente haber sido usuarios de Grupo CIF.