Tras la difusión inicial de la denuncia, la CEPANAF no desmintió las afirmaciones y ofreció una primera reunión, sin embargo un día antes de que se llevara a cabo fue cambiada de lugar, del Parque Sierra Morelos a las oficinas de la dependencia en Zacango, lo cual limitaba la participación vecinal que cuestionó la falta de atención a la frase de la gobernadora Delfina Gómez -«Este es un gobierno de territorio, no de escritorio”-, generando más dudas sobre las intenciones de las autoridades.

Ante los cambios de lugar, ambientalistas y vecinos decidieron realizar una protesta en el Aula Magna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en donde se realizaba el Encuentro Estatal para la Conservación de la Mariposa Monarca. Ahí estaba la directora de CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya, ante la que exhibieron carteles y difundieron ante universitarios y medios de comunicación los motivos de su inconformidad. En respuesta, el abogado Juan Bautista Cuahutle insistió en que los activistas aceptaran una reunión en las oficinas de Zacango, a donde finalmente los ambientalistas y vecinos acudieron el 5 de noviembre.

La directora Tapia Maya encabezó la reunión en la que la CEPANAF prometió dar respuesta a cada una de las preguntas y cuestionamientos que llevaban los activistas y vecinos, sin embargo, en más de dos horas de “diálogo”, ningún documento les fue exhibido a los inconformes, y todo se limitó a una lectura parcial de la Evaluación Técnica de Impacto en Materia Ambiental 22100007L/DGTS/RESOL/668/2024 por parte de la maestra Irma Guadalupe Salazar Cerda -subdirectora de Atención y Gestión de Áreas Naturales Protegidas- que de acuerdo con un análisis del documento realizado por Todo en Contra se ha concluido que omitió mencionar aquellos aspectos que exhibían que las obras habían iniciado antes de que se llevara a cabo la respectiva evaluación en materia de impacto y/o riesgo ambiental, además de que añadió conceptos y modificó fechas frente a los presentes.

Conforme avanzó la reunión, tanto Salazar como el abogado Juan Bautista, aseguraron que el informe previo de impacto ambiental y su correspondiente autorización no tenían que realizarse previo al inicio de la construcción de las obras, pero la propia Evaluación Técnica de Impacto en Materia Ambiental que tenían en ese momento en sus manos los desmintió. Ese documento dice lo siguiente: “No se omite señalar que, en caso de que el titular de la presente haya iniciado con las obras o acciones propuestas en el proyecto sometido a evaluación en materia de impacto y/o riesgo ambiental, previo a la autorización condicionada, se hará acreedor a las sanciones administrativas, y demás aplicables previstas en el marco legal vigente”.

Además, Irma Salazar aseguró en otra intervención que “estos trámites no son de un día para otro, tienen que cumplir un procedimiento al interior de la Dirección General del Territorio Sostenible”. El documento generado exhibe que el trámite fue iniciado el 23 de octubre de 2024 y para el 31 de octubre ya había sido autorizado. Esa premura con la que se realizó generó errores evidentes en fechas clave y la ausencia del concepto del crematorio en la autorización. Se trata de una aprobación que en otras condiciones no sería posible, sin embargo resalta que tanto la CEPANAF como la Dirección General de Territorio Sostenible son parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

La Evaluación Técnica de Impacto en Materia Ambiental también revela que el polígono para el cual se solicitó la autorización del proyecto del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies no contempla las áreas que fueron afectadas para la colocación de la primera piedra por parte de la gobernadora Delfina Gómez. Es decir, los terrenos en los que se construye son otros.

Coordenadas del proyecto establecidas en la Evaluación Técnica de Impacto en Materia Ambiental

Mapas y fotografías donde se observan los daños generados en dos predios contiguos del Parque Sierra Morelos

A esto se suma lo señalado en el programa de conservación y manejo del Parque Estatal Sierra Morelos (2013) que también pone en entre a las autoridades, pues ahí se establece que no está permitida la construcción de infraestructuras como hospitales, clínicas, consultorios u oficinas en la zona de uso público, en donde actualmente se pretende edificar el proyecto.

En el trato con ambientalistas y vecinos, dos servidores públicos han sido clave por las formas y condiciones en las que han atendido la inconformidad, así como los antecedentes con los que se han presentado.

La primera es la maestra Irma Guadalupe Salazar Cerda, quien fue colocada como subdirectora de Atención y Gestión de Áreas Naturales Protegidas, casi a la par de que inició el cuestionado proyecto en el Parque Sierra, en sustitución de la Ingeniera Maricela Velasco Domínguez.

En su currículum, proporcionado por la CEPANAF, se señala que Salazar es especialista en áreas naturales protegidas, planes de manejo, proyectos de desarrollo sustentable, impacto ambiental, cambios de uso de suelo forestal, ordenamiento territorial, cartografía computarizada, aplicación de SIG a ecología, conservación y manejo de recursos naturales ecología y conservación de mamíferos, así como especies en peligro de extinción.

Sin embargo, además de haber alterado el documento que presentó ante los activistas, demostró ignorancia en el necesario conocimiento de la fauna que habita el Sierra Morelos, porque en su intervención aseguró que el camaleón de montaña de la especie Phrynosoma orbiculare no está en ese lugar, pese a que hay estudios que demuestran lo contrario. A esto se sumó un permanente estado de risa e indiferencia, -que se puede interpretar como una burla-, en respuesta a los argumentos de vecinos y ambientalistas, situación que fue cuestionada por quienes observaron la transmisión en vivo.

En su experiencia laboral se observa su paso por la CEPANAF durante el gobierno de Eruviel Ávila, periodo en el que contribuyó a justificar la recategorización del Nevado de Toluca, medida que hasta la fecha sigue siendo cuestionada por distintos investigadores.

La también docente de la UAEMéx omitió mencionar en ese documento su paso por la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca, en donde fue jefa del departamento de Forestación en el gobierno del morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien había prometido una “campaña de reforestación histórica” para el municipio, pues en tres años sembraría 5 millones de árboles.

Los resultados, reportados por la propia dependencia al final de la administración, mostraron que llegaron a menos de la mitad de lo prometido. Ahí debe sumarse la muerte de decenas de árboles documentada por medios de comunicación en lugares como el mismo Sierra Morelos y la Alameda 2000, una campaña fracasada que también contemplaba, increíblemente, la siembra de árboles exóticos, una medida que también fue cuestionada públicamente por alterar los ecosistemas nativos con especies introducidas.

El segundo servidor público clave en el conflicto ha sido el abogado Juan Bautista Cuahutle, quien además de señalar que el informe previo de Impacto Ambiental y su correspondiente autorización no tenían que realizarse previo al inicio de la construcción de las obras en el Sierra Morelos, está vinculado a una campaña de desprestigio en contra de vecinos y ambientalistas que se oponen a dicha construcción.

De 2019 a 2024 fungió como Jefe de departamento de Comunicación Social y Cultura del Agua H. Ayuntamiento de Ecatepec, periodo en el que fue creada la página https://www.facebook.com/NoticiasEnEcatepec, portal que se abocó principalmente al plagio de contenidos de medios de comunicación y a la promoción de los trabajos de ayuntamiento de Ecatepec. A partir del 9 de septiembre, la página cambió su contenido para abocarse a la difusión de los trabajos de la CEPANAF, en donde ahora también labora Juan Bautista, cuya voz puede escucharse en distintas transmisiones en vivo. 

Desde ese portal, dos publicaciones han sido realizadas para difundir con datos falsos acciones de presunto apoyo al proyecto del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies, actos donde medios de comunicación documentaron el desconocimiento de los asistentes sobre el tema y el acarreo político de población de la zona norte de Toluca.

Ahí también se acusó a una de las ambientalistas de ser prestanombres y haber recibido dinero por posicionarse en contra del proyecto, haciendo uso de su nombre completo, sin ninguna responsabilidad ética o legal, pues no se trata de una servidora pública.