La indiferencia de legisladores y del gobierno del Estado de México ante el reclamo de San Francisco Tlalcilalcalpan para convertirse en municipio, dejó este miércoles una larga jornada de protestas. Ahora la exigencia, que han mantenido desde hace más de 4 años ha sido presentada a la nueva administración de Delfina Gómez, que acumula cientos de reclamos y exigencias de distintos sectores sociales.

Más de 8 mil volantes, bardas rotuladas y perifoneo fueron parte de los instrumentos de convocatoria que utilizó el Consejo Mayor de Gobierno Popular —en las distintas delegaciones que comprende el territorio de San Francisco Tlalcilalcalpan— para que este miércoles se dieran cita a las 9 de la mañana en el centro de la comunidad y salir hacia la Cámara de Diputados a exigir la reconstitución de su municipio.

La respuesta de la población fue importante y casi 500 personas acudieron al llamado; se trasladaron al parque Vicente Guerrero —cerca de Ciudad Universitaria—, para salir en marcha hacia la legislatura mexiquense.

Al contingente se sumó, en apoyo, el abogado Pablo Héctor González —representante de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto del Estado de Querétaro— y el abogado Samuel Ramos de Cherán Michoacán, quienes han acompañado distintas luchas por la autodeterminación de los pueblos en el país.

Al llegar a la Cámara de Diputados esperaban ser recibidos por una comisión de legisladores, a quien le harían entrega del expediente técnico; para ello habían informado y comprometido al diputado Max Correa.

Sin embargo, pese al aviso previo y la conferencia de prensa que dieron el pasado lunes en donde detallaron sus intenciones, la Legislatura les recibió con indiferencia y los hizo esperar más de dos horas.

En ese tiempo se integró una mesa con dos legisladoras: Miriam Escalona Piña y Elba Aldana Duarte, de la comisión de límites territoriales. Diputadas que se limitaron a exhibir su incomprensión sobre legislación en materia indígena y cuestionar —sin conocimiento previo— el expediente técnico.

Pese a esta postura, San Francisco Tlalcilalcalpan cumplió su objetivo político y jurídico de entregar el expediente técnico y la debida solicitud a la Cámara de Diputados. De ahí se trasladaron a palacio de gobierno, en donde cerraron la calle de Lerdo y exigieron a la gobernadora atención para una comisión amplia de las comunidades.

Después de unos minutos de espera y consignas, la comisión fue recibida por el Coordinador de Gobierno del Valle de Toluca, Ramón Benítez Benítez, —quien se mantiene en ese puesto pese a haber sido parte del gobierno de Alfredo del Mazo— y Antonio Cervantes Enríquez Coordinador de concertación y atención ciudadana.

Al salir, los representantes de Tlalcilalcalpan expresaron su molestia por la atención recibida, pues detallaron que el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, ya se había comprometido el pasado 8 de noviembre a buscar generar una audiencia con la gobernadora; sin embargo, en la mesa los representantes del gobierno del Estado plantearon que serían atendidos por la gobernadora una vez que las audiencias mensuales avancen, en una lista de espera de miles de peticiones.

“¿Ya se dieron cuenta compañeros cómo son lo mismo? ¿Cómo es que no ha cambiado la atención del nuevo gobierno a los pueblos indígenas? Son igual que los priistas”, cuestionaron en sus intervenciones los integrantes del Consejo Mayor de Gobierno Popular, quienes anunciaron que evaluarán las siguientes acciones para garantizar su derecho a ser escuchados.

Pueblos indígenas, la pelea por ser escuchados

A dos meses de la llegada del gobierno de Delfina Gómez, tres pueblos indígenas ya han manifestado su exigencia de ser reconocidos como municipios: el pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo, el pueblo Mazahua de Tierra de Venados (San Felipe de la Rosa) y San Francisco Tlalcilalcalpan. A estos se seguirán sumando otros pueblos que están encontrando en esta ruta la alternativa para cambiar sus condiciones históricas de abandono.

Sin embargo, esta demanda choca con importantes intereses políticos y económicos, además de que la legislatura y el gobierno del estado son conscientes de que abrir la puerta a uno de estos pueblos, implicaría fomentar que más de medio millón de indígenas en la entidad avancen en procesos de autonomía y autodeterminación.

Por lo pronto, estas comunidades tendrán que pasar por múltiples barreras; entre ellas, la indiferencia de las autoridades, que ya ha obligado a distintos sectores sociales a realizar cierres de vialidades, plantones y marchas, que pudieron evitarse, pero que en los hechos orillan a que estos movimientos se unifiquen y realicen protestas de mayor envergadura.