Desde el escritorio no es posible buscar en fosas clandestinas ni en zanjas o bosques, tampoco es posible encontrar centros de reclutamiento como el Rancho Teuchitlán, pero sí es posible, con un click, desaparecer y cambiar cifras y con ello disminuir de más de 400 mil a 43 mil los desaparecidos que hay en México desde 1952. Eso sucedió el pasado 27 de marzo con el informe que presentó el gobierno federal respecto a los desaparecidos y desaparecidas del país.

Sin embargo, quienes recorren el país con pala en mano, quienes se internan en sitios peligrosos, rascan la tierra y luchan todos los días para que los miles de cadáveres hallados sean identificados saben que hay una crisis real, una cifra negra y muy poca disposición a encontrar los que, ahora desde el Estado, se insiste en esconder.

La mañana del 2 de abril, en un comunicado conjunto, el gobierno federal rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a las desapariciones en México por considerarlo “tendencioso, parcial y sesgado». Ojalá fuera sesgado afirmar que México concentra el 38 por ciento de todas las «acciones urgentes» por desaparición forzada a nivel mundial (819 casos acumulados hasta febrero de 2026), que solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron 40 nuevas solicitudes, lo que representa más de un tercio del total mundial en ese periodo y que es urgente llevar este tema a la Asamblea General de la ONU, pero desafortunadamente es real.

Un documento integrado en el archivo de la ONU recoge un pronunciamiento de las familias de desaparecidas y desaparecidos, familias buscadoras y cerca de cien colectivos que afirman lo siguiente: “intentar reducir la crisis a menos de una tercera parte de su tamaño real es una segunda desaparición. No aceptamos una cifra que se construyó a espaldas de quienes buscamos.”

Desde la parspectiva del derecho internacional y la legislación mexicana, la responsabilidad del Estado en materia de desaparición de personas es absoluta e irrenunciable y abarca una serie de obligaciones, y no solo las personas que tienen una denuncia formal están desaparecidas:

“Las familias sabemos lo que implica ir a una Fiscalía: nos enfrentamos a malos tratos, a que nos nieguen el registro o a que clasifiquen la desaparición como otro delito para no investigar, así como involucramiento por parte de autoridades, omisiones y dilaciones”.

La anunciada reforma a la Ley de Desaparición de julio de 2025 no resuelve los problemas, trata de recomponer un sistema que ha sido omiso en la búsqueda de los casos ya existentes e ineficaz en la prevención de otros. El propio conteo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública menciona que solo 3 mil 869 de los casos cuentan con carpeta de investigación y que no se reconoce la
magnitud de la cifra negra.

Así, con un plumazo, con un click, se desaparece a los desaparecidos, y con un comunicado se niega la existencia de una crisis palpable; el gobierno federal rechaza el informe de la ONU como los familiares de desaparecidos rechazan “con dolor el mensaje oficial que afirma que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito”.
En el documento de los colectivos las exigencias son claras:

1. Metodología abierta y pública: que se explique paso a paso cómo llegaron a
   la cifra de 43 mil.
2. Búsqueda efectiva para todas las personas: que no se deje de buscar a
   nadie por no tener una carpeta de investigación abierta.
3. Participación real: mesas de trabajo técnicas y permanentes con los colectivos,
   no reuniones de último minuto.

El Estado es responsable por cada omisión, por cada fosa donde hay participación de autoridades, por la impunidad que permite que hoy sigan desapareciendo personas:
“administrar el dolor con estadísticas no es justicia”.