Comunicado emitido el 29 de marzo del 2026 por la comunidad indígena de Arantepecua en Michoacán:

A casi nueve años de la masacre cometida contra nuestra comunidad purépecha de Arantepacua, y tras la emisión de órdenes de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 responsables, desde el Consejo Comunal de Arantepacua hacemos un llamado urgente a las autoridades a ejecutar con diligencia dichas órdenes y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia.

Destacamos que estas órdenes de aprehensión son resultado directo de nuestra lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional que durante años intentó impedir la justicia. Reconocemos la gran labor que ha realizado nuestra asesoría legal y respaldamos plenamente a nuestro abogado. Durante estos años hemos sostenido un proceso organizativo, político y jurídico que implicó la recopilación de cientos de pruebas, la movilización constante en Michoacán y en la Ciudad de México y el fortalecimiento de nuestro tejido comunitario para sostener esta exigencia.

A los medios y la opinión pública es indispensable remarcar la memoria: que desde el primer día, nuestra comunidad de Arantepacua enfrentó no sólo la violencia del Estado, sino también su negativa a investigarse a sí mismo. La Fiscalía del estado, que fue encabezada durante años por Adrián López Solís, operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia. Recordamos que a lo largo de estos años se retrasaron diligencias clave, se intentó desviar líneas de investigación, se buscó presionar a las víctimas para desistirse y se reprimió al pueblo organizado.

Pero frente a ello, nuestra comunidad no se replegó y logramos este avance judicial, fruto de nuestra lucha colectiva, aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, son apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar si está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó.

Como es de conocimiento público y fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación 42 VG/2020, el ataque perpetrado el 5 de abril de 2017 dejó un saldo de 4 ejecuciones extrajudiciales, incluida la de un menor de edad, 10 casos de tortura, 38 víctimas de tratos crueles, 48 detenciones arbitrarias, decenas de allanamientos y más de mil víctimas indirectas.

Frente a la gravedad de estos hechos instamos a las autoridades de justicia a que hagan efectivas las detenciones de Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán y quien dio la orden de cometer la masacre. Mientras que Juan Bernardo Corona, en aquel entonces era Secretario de Seguridad Pública estatal, la institución que cometió las atrocidades. Así como ellos hay otros políticos y funcionarios que participaron.
Deben ser buscados exhaustivamente, detenidos y llevados ante la justicia. Con nuestra lucha, se abre una oportunidad histórica para la justicia en México: demostrar que los crímenes cometidos desde el poder pueden ser castigados. Y esta oportunidad no puede ser desperdiciada.

El Estado mexicano, a través del Poder Judicial, tiene frente a sí la posibilidad de romper con años de impunidad y enviar un mensaje claro de que las violaciones graves a los derechos humanos no quedarán sin sanción. Desde Arantepacua lo decimos con fi rmeza al Poder Judicial: no aceptaremos simulaciones ni dilaciones. Exigimos que este proceso llegue hasta sus últimas consecuencias, con sentencias fi rmes contra todos los responsables. Solo así comenzará a saldarse la deuda histórica que se tiene con nuestra comunidad y con los pueblos de México.

En caso de que el Poder Judicial de manera injusta y corrupta libere a los responsables de la masacre perpetrada contra nuestra comunidad, no dudaremos en recurrir a la movilización. La lucha por la justicia avanza pero no ha terminado, nunca habrá tregua, ni perdón para quienes atacaron nuestra comunidad. No cesaremos hasta que estas órdenes de aprehensión se conviertan en sentencias fi rmes.

Asimismo, somos enfáticos en señalar que la justicia se compone de castigo a los responsables y reparación del daño, en este sentido, no aceptaremos simulación e incumplimiento en materia de reparación del daño, el Ejecutivo estatal es omiso en atender los compromisos que ha pregonado incluso públicamente (el 4 de abril de 2022 el Gobernador prometió la construcción de 4 obras y hasta la fecha no ha concluido ni una sola de ellas). Si nuestras demandas no se atienden realmente (no aceptaremos promesas), recurriremos a nuestro derecho humano a la protesta social.

No permitiremos que el Poder Judicial impida la justicia, tampoco toleraremos que el poder ejecutivo estatal incumpla los acuerdos en materia de reparación del daño. Si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el gobierno. Arantepacua vive y está en pie de lucha.
¡Juchari uinapikua!