Un vecino, pasante de la licenciatura en Ciencias Ambientales y activista ecológico, ha denunciado que desde el año pasado un grupo de residentes del fraccionamiento El Porvenir comenzó a organizarse para gestionar la poda y el derribo de árboles argumentando que las raíces estaban levantando banquetas y calles.

Aunque inicialmente hubo resistencia por parte de algunos vecinos debido a la falta de confianza en el personal municipal, los organizadores aseguraron que el ayuntamiento contaba con personal capacitado y certificado para realizar los trabajos. Fue así que, hacia mayo del año pasado, comenzaron a recolectar firmas y aportaciones económicas para solicitar la intervención municipal y supuestamente adquirir nuevos árboles como compensación.

Sin embargo, el denunciante —quien ofreció asesoría voluntaria sobre las especies adecuadas para reforestar— señaló que fue ignorado por las representantes vecinales. Poco después, personas ajenas al ayuntamiento derribaron un árbol por completo y realizaron podas que, según su testimonio, no cumplieron con la normativa ambiental vigente.

“Los árboles quedaron prácticamente pelones. Se cortaron ramas con nidos de aves, algunos con huevos, y las podas se hicieron en temporada de lluvias, lo que provoca que los cortes se pudran y enfermen al árbol”, explicó.

De acuerdo con la normatividad, únicamente el ayuntamiento puede realizar este tipo de acciones, y los trabajos deben cumplir con criterios técnicos como no remover más del 20% de las hojas y ramas, utilizar herramientas adecuadas y garantizar la protección del árbol.

A inicios de este año, las representantes de su calle anunciaron con orgullo que un árbol sería talado, presuntamente con permiso del ayuntamiento. Al solicitar los documentos que acreditaran dicha autorización —como el dictamen técnico de Medio Ambiente o de Protección Civil que justificara un riesgo real—, el denunciante asegura que le fueron negados y que después le informaron que no los tenían.

Pese a que el activista realizó una evaluación básica del árbol, concluyendo que solo requería una poda para reducir el peso de sus ramas y que se trataba de un ejemplar sano de aproximadamente 20 años, al día siguiente el árbol fue talado. Al intentar documentar los hechos en redes sociales, fue fotografiado y confrontado por una mujer que lo amenazó con denunciarlo por obstruir la tala.

Ante estas acciones el denunciante presentó una queja formal ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). En una reunión posterior convocada por el Comité del fraccionamiento, las señoras señaladas lo acusaron de amenazarlas y ofenderlas. Durante la asamblea, otros vecinos lo insultaron y minimizaron por su edad, mientras que él informó sobre la denuncia presentada.

Tras la reunión varios vecinos se acercaron a él para denunciar que en otras privadas también han talado árboles, presuntamente envenenados, y que incluso han amenazado con envenenar animales como perros, gatos, tlacuaches y aves por las molestias que ocasionan.

Además, los residentes exigen transparencia sobre el destino del dinero recolectado en las ocho privadas que conforman la calle Jilgueros, del cual no han recibido información. Como medida de compensación, se plantó un pequeño pino limón en el lugar donde se encontraba el árbol talado, pese a que, de acuerdo con especialistas, se requieren al menos 10 ejemplares para compensar el daño ecológico.

Hasta el momento, la denunciante señala que la Propaem no ha emitido respuesta tras la solicitud de información presentada por el denunciante.