A la redacción de Todo en Contra hicieron llegar la siguiente denuncia de hostigamiento, intento de despido forzado y prácticas irregulares en la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de México 5 de diciembre de 2025.

Redacción de Todo en Contra:

Con el debido respeto a la comunidad universitaria y a la opinión pública, y ante la inoperancia de las instancias internas, me veo en la obligación ética de denunciar públicamente una serie de actos de hostigamiento laboral, represalias y prácticas administrativas irregulares al interior de la Dirección de Recursos Materiales (DRM) de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Mi nombre es Jazmín Ríos Flores y he laborado de manera ininterrumpida y dedicada durante más de dos años en dicha dependencia, bajo la jefatura inmediata de la Lic. Sandra L. Barrera Ángeles.

El detonante de la situación mencionada fue mi negativa a cometer un acto ilegal: hace aproximadamente 15 días, la M. Virginia Itzel Infante Heras, Directora de la DRM, me solicitó de manera insistente que elaborara un contrato falso para justificar ante la auditoría ASF-860 un movimiento de pago del año 2024, relacionado con murales conmemorativos. Argumenté que, como personal operativo, no tenía la facultad ni la ética para crear evidencia documental falsa, menos aún para involucrar a exfuncionarios.

Mi negativa, basada en la integridad y el apego a la normativa, fue interpretada por la directora como un acto de insubordinación. A partir de ese momento, inició un claro hostigamiento que culminó el 25 de noviembre de 2025, cuando la administrativa Lic. Elizabeth Gil Vallejo me solicitó mi renuncia, argumentando que mi contrato no sería renovado, sin dar motivos y culpando a la Dirección de Recursos Humanos.

Se me presionó para firmar bajo la condición de que “entre más rápido lo hiciera, más rápido recibiría mis pagos pendientes, como aguinaldo”. Al negarme, pues no tengo intención de renunciar, la represalia escaló. El 1 de diciembre, al llegar a mi centro de trabajo, me encontré sin escritorio, sin computadora y sin silla. Fui despojada materialmente de mi lugar.

Mi caso no es aislado. Es parte de un patrón de abusos en la dependencia:

· Despidos encubiertos: se presiona a compañeros para que firmen renuncias voluntarias. Quien se niega es intimidado y, en algunos casos, se le impide el acceso al edificio.

· Jornadas laborales abusivas: se exige llegar antes o salir después de la jornada, sin compensación. Se labora incluso en horarios de comida.

· Falta de formalidad: no hay avisos oficiales sobre procedimientos clave (modificaciones a flujos, cancelaciones de contratos). La información se maneja de manera discrecional y opaca.

· Exclusión y maltrato: se nos excluye de información relevante (reuniones, eventos internos) mientras se nos exigen cuotas forzosas de cooperación. Existe un ambiente de violencia laboral y de género, donde se difama y hostiga principalmente a mujeres, mientras las autoridades miran para otro lado.

· Nepotismo y uso irregular de recursos: existen denuncias internas sobre el nombramiento de personal por amistad (como amigas de la hija de la directora) y el uso irregular de recursos, como la asignación de tarjetas de gasolina a personal sin vehículo oficial.

He buscado justicia en cada instancia universitaria, encontrando sólo evasivas:

· Defensoría de los Derechos Universitarios: proporciona información contradictoria.

· Abogacía General (antigua): declara no tener injerencia.

· Dirección General de Evaluación y otras: señalan que el problema no es de su competencia.

· Oficina de la Secretaria, Mtra. Miriam Padilla: respaldo a la decisión de sus directoras.

· Secretaría Particular de la Rectoría: minimizó el asunto argumentando que la rectora no suele intervenir en “asuntos laborales”.

Esta pasividad generalizada configura un encubrimiento institucional que permite la perpetuación de estas prácticas. Parece que una dirección tiene más poder que los principios universitarios y la misma normativa laboral.

Denuncio esto no sólo por mí, sino por todos los compañeros que viven con miedo e incertidumbre. Por quienes, teniendo nóminas bajas y sin prestaciones, son explotados y luego desechados. Por un ambiente donde la lealtad se mide por la adulación y la complicidad en actos irregulares, no por la ética y el trabajo.

Pregunto a la máxima autoridad universitaria: ¿Qué clase de institución permite que se hostigue y despida a una trabajadora por negarse a falsificar documentos? ¿Dónde queda el compromiso con la legalidad, la integridad y la dignidad del trabajo?

Exijo una investigación profunda, imparcial y expedita sobre estos hechos en la Dirección de Recursos Materiales, la regularización de mi situación laboral, el cese del hostigamiento y la reparación del daño. Ya no hay instancias internas a las cuales acudir. Por ello, llevo mi caso a la luz pública, confiando en que la comunidad universitaria y la sociedad no permitirán que se silencie la verdad.

La universidad debe ser un espacio de justicia, no de impunidad.

Atentamente

Jazmín Ríos Flores Trabajadora de la Dirección de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de México

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