Luego de dos años de mantenerlo en la congeladora el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad, publicó el 30 de octubre, en la Gaceta del Gobierno, un protocolo de actuación dirigido a los elementos de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

El documento, que tomó en cuenta las propuestas de organizaciones como la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios y la Comunicación Contra la Precarización Laboral Tenemos que hablar (ATQH), fue firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, y establece lineamientos obligatorios para los servidores públicos adscritos a esta dependencia.

El protocolo es una respuesta a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en particular la Recomendación General 1/2019 y la Recomendación 08/2022, que alertaban sobre la falta de mecanismos de prevención y protección para este sector.

En los considerandos del acuerdo se reconoce la labor esencial de periodistas y defensores para la consolidación del Estado de derecho y se subraya la obligación del Estado de protegerlos, especialmente en un contexto donde han sido víctimas de agresiones, desapariciones y actos de violencia.

Puntos clave del protocolo

Entre los lineamientos más relevantes para los elementos de Seguridad se encuentran:

· Respetar en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión.

· Abstenerse de usar lenguaje intimidante, discriminatorio o violento.

· No confiscar o destruir material de trabajo periodístico.

· Evitar requerir acreditaciones especiales que obstaculicen su labor.

· Actuar con perspectiva de género y enfoque diferencial.

· Usar la fuerza de manera gradual y justificada, evitando armas letales en contextos de protesta.

· Proteger físicamente a periodistas y defensores en situaciones de riesgo.

· Capacitarse de manera continua en derechos humanos y libertad de expresión.

Sanciones por incumplimiento

El acuerdo establece que los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en el protocolo serán sancionados conforme a la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivar de sus actos u omisiones.

La publicación de este protocolo representa un avance significativo en el reconocimiento institucional de la vulnerabilidad en la que ejercen su labor periodistas y defensores de derechos humanos . Sin embargo, su efectividad dependerá de la implementación, capacitación y voluntad política para transformar estas disposiciones en acciones concretas.

Este instrumento se suma a los esfuerzos —aún insuficientes— para revertir la violencia estructural que enfrentan quienes informan y defienden derechos en una de las entidades más complejas y violentas del país.