Toluca, México; 23 de septiembre de 2025

Miguel Alvarado*

La desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cumple once años sin ser resuelta por el gobierno federal, que en el camino de las investigaciones prefirió proteger a las fuerzas armadas, los jefes militares y al ex presidente priista, Enrique Peña Nieto, que publicar los resultados que ha obtenido y judicializarlos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, en aras de la construcción de un esquema de militarización creciente, decidió que lo mejor para ellos era alargar hasta la náusea esas investigaciones y de paso minar y destruir la resistencia que representan los padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Isidro Burgos. El destino del caso de los 43 es muy parecido al de la matanza del 2 de octubre de 1968, perdido entre la bruma del tiempo y la negligencia del gobierno que se ha investigado a sí mismo por décadas.

En el asunto de los 43 la protección a los militares ha sido prioridad para la izquierda en el poder, que ha demostrado ser un apéndice del viejo aparato priista que gobernó el país por décadas, sembrándolo también de sus respectivas masacres, guerras sucias, desapariciones y asesinatos de opositores. El 26 de septiembre se atestiguará más de lo mismo. Se trata de los nuevos viejos tiempos anclados profundamente en los andamiajes del Estado y la sociedad actual, que se diferencia del pasado solamente por el color guinda y el nombre del partido en el poder, Morena. La construcción de un nuevo país y una sociedad mejor esperará otros seis años.

Ayotzinapa no es el único pendiente sangrante de la autollamada Cuarta Transformación, que debe responder por un año de narcoguerra en Sinaloa, por el crecimiento exponencial de los cárteles del narco y por la protección disfrazada de mano dura a las mineras que todos los días le usurpan al país toneladas de tierra y minerales por los que a cambio dejan agujeros, devastación ecológica, desplazados, asesinatos y casos como el de Ayotzinapa cuyo fondo principal se encuentra precisamente en el extractivismo realizado en el pueblo de Carrizalillo, ubicado en la sierra a la mitad de camino entre Iguala y Chilpancingo.

Ahí, en esa pueblo se asienta la mina de Los Filos, propiedad de la trasnacional canadiense Equinox, y que en 2014 pertenecía al supergigante canadiense Goldcorp, que amenaza a pueblos de toda América Latina con hacerlos desaparecer y que incluye a El Oro, en el Estado de México, por cuya cabecera municipal ha realizado una oferta por 56 millones de dólares para reubicarla de cuajo y convertir a la actual población en un infierno de arsénico y excavadoras. Ayotzinapa cumple, pues, once años sometida a intereses de los grupos de poder que conforman ahora a Morena, la rancia dictadura mexicana que se nutre de operadores priistas y de viejos esquemas de control electoral inventados por Luis Echeverría y otros sátrapas.

Morena se ha encargado de perpetuar el instrumento de despojo más acabado del neoliberalismo, el Tratado de Libre Comercio que se firma junto con Canadá y Estados Unidos, y que no es otra cosa que la legalización de actividades comerciales injustas, que de paso protege la extracción de las mineras.

Para entender la importancia de la minera de Los Filos, en Guerrero, basta con enterarse de las reservas de oro que ese lugar guarda: 65 millones dd toneladas de oro, que arrojan una cifra de dinero casi imposible de calcular. La razón de la trituración de Ayotzinapa se encuentra en el corazón de Los Filos y la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en esa región, aquel año, fue utilizada como pantalla para desviar la responsabilidad y participación de la minera y los propios militares. Los Guerreros Unidos fueron contratados por la minera como una fuerza paramilitar que le ayudó a desplazar poblaciones, asesinar y desaparecer a quienes se oponían a su avance.