Para Verónica Romero Zamora, para Francisco Pacheco y para todas las víctimas olvidadas en los pasillos de la justicia y la salud pública.

Hace casi una década Verónica Romero Zamora se convirtió en víctima indirecta de uno de los crímenes que marcaron la violencia contra periodistas en México: el asesinato de su esposo, Francisco Pacheco, periodista radicado en Taxco, Guerrero. Desde entonces su vida ha sido una sucesión de agravios, omisiones y violencia institucional. Hoy, desde la cama de un hospital público, Verónica vuelve a preguntarse: ¿cuántas veces puede ser víctima una sola persona?

Verónica no solo enfrentó el duelo, sino que se alzó como defensora de derechos humanos exigiendo justicia para Francisco. Esa búsqueda la desplazó, la enfermó física y emocionalmente y la expuso a la revictimización de un sistema que la ignora. El camino, lleno de promesas rotas por instituciones que debieran protegerla, la ha dejado en el abandono.

La última agresión no llegó con armas ni amenazas. Llegó en forma de indiferencia médica.

El lunes 21 de julio Verónica ingresó al Hospital Nicolás San Juan, en Toluca, con un dolor abdominal severo. Tras varias horas de espera fue diagnosticada con una infección urinaria y dada de alta cerca de las 11 de la noche. Pero el dolor no cesó. Al día siguiente, tras acudir a un médico privado, un ultrasonido reveló que su vesícula estaba a punto de estallar. Volvieron al hospital con los estudios en mano. La respuesta del médico en turno fue una burla: “exagera el dolor”.

La espera de la «brevedad»

Pese a que dos médicos del área de cirugía indicaron urgencia, Verónica esperó casi 20 horas para ser intervenida. El cambio de turnos trajo consigo el olvido, la rotación de responsabilidades y frases que duelen más que la enfermedad: “este hospital es para gente con necesidad, usted debería esperar”.

Durante su hospitalización la familia ha tenido que costear medicamentos, insumos quirúrgicos y ahora un estudio urgente valorado en más de veinte mil pesos, debido a una posible complicación: secreción de pus y una inflamación en el conducto cístico podrían indicar un error quirúrgico.

El domingo 26 de julio la familia esperaba una ambulancia del Servicio Urgencias Estado de México (SUEM), para trasladarla a un hospital privado, ya que el hospital Nicolás San Juan tampoco tiene una. El estudio fue recomendado por el mismo personal médico pero no hay medios para realizarlo en la institución pública.

¿Dónde están las instituciones?

Verónica está amparada por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinado por la Secretaría de Gobierno. También cuenta con un amparo que reconoce el daño ocasionado por la pérdida de su esposo y la falta de justicia. Su familia solicitó apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), argumentando que su actual estado de salud es resultado directo del estrés, desplazamiento y falta de atención emocional acumulados por años. Hasta ahora no hay respuesta.

Tampoco la hubo en el hospital. Las horas de espera para ser intervenida, la falta de insumos, la negativa a creer en su dolor por parte de los médicos, la sospecha de mala praxis. Todo apunta a un patrón de violencia institucional sistemática.

La familia ha anunciado que interpondrá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y no descarta acudir al arbitraje médico.

Lo más indignante es que no es un caso aislado. En el mismo hospital familias han optado por volver a operar a sus pacientes ante la imposibilidad de pagar los estudios requeridos para un diagnóstico certero. Lo que debería ser un derecho se ha vuelto un privilegio.

Epílogo de una tragedia sin final

Hoy, Verónica Romero no solo sigue siendo víctima del crimen impune contra su esposo, sino también de un sistema de salud colapsado, de un Estado que la reconoce como víctima en papel pero la niega en los hechos. Su cuerpo habla del daño, su historia grita por justicia, y su lucha (aunque llena de obstáculos), continúa.

¿Cuántas veces más deberá ser víctima una mujer que solo exige lo que por derecho le corresponde?