Por: Eduardo García

El 1 de octubre de 2024 en San Lázaro, Claudia Sheinbaum tomaba posesión del cargo como la primera presidenta de México. Dentro de su discurso tardó en llegar el reconocimiento hacia las mujeres y lo que representaba que por primera vez no fuera un hombre quien dirigiría el Ejecutivo, lo cual lo remarcó con su frase ya consagrada “no llego sola, llegamos todas”. Para enfatizar la importancia de este evento y el impacto que en la cultura mexicana representó, mencionó que a la nueva presidenta se le debe de llamar “presidenta con A”, señalando la importancia de la nominación de la realidad y lo político de este acto y acentuó diciendo “porque como nos han enseñado que solo lo que se nombra existe”. Aquí entonces hay un problema, no con lo que nombra, sino con lo que calla.

A seis meses de ese parteaguas mucho se ha discutido del papel que la presidenta ha tenido frente a las mujeres y mucho se le cuestiona por eventos como el de la conmemoración del 8 de marzo en el que se colocaron vallas en el Zócalo para que las marchistas no llegaran al Palacio Nacional, mientras ella conmemoraba un evento privado al interior del Palacio, solo con sus simpatizantes. Una de las pintas más contundentes señalaban “no llegamos todas”. No obstante, me interesa revisar a otros y otras que no se mencionan, y comprándole su lógica a la presidenta, no existen para el gobierno. Me interesa hablar de aquellos que no se nombran y será tema de otro texto abundar en el caso Teuchitlán y la desaparición de los desaparecidos que se ha hecho desde el sexenio pasado, pero el énfasis quiero ponerlo en los migrantes que no fueron nombrados por la presidencia.

Mientras acontecía la solemne ceremonia en San Lázaro, en el primer día de octubre, en Chiapas, 6 migrantes murieron a manos del ejército. Cuando un vehículo avanzó por la carretera y pasó frente a un retén militar, al no atender las señales para que se detuviera (reacción entendible en un país en donde la violencia puede venir desde la misma autoridad), los efectivos del ejército procedieron a rafaguear el vehículo sin saber quiénes venía adentro. Posteriormente, se supo que los que viajaban eran migrantes centroamericanos y que, posiblemente, quien conducía sería su pollero. Dicho evento quedó enterrado en la prensa, pues lo que acaparó la atención fue el evento del cambio de gobierno. La presidencia no nombró este evento; para el oficialismo había cosas más relevantes y existentes en las nuevas “mañaneras del pueblo”.

Las primeras acciones de la nueva presidencia tuvieron que ver con reuniones de Sheinbaum (de manera personal) con grupos de poder y empresariales internacionales, por ejemplo con Larry Fink, CEO del gran fondo buitre BlackRock, sin que la prensa incondicional al oficialismo condenara esta reunión, como sí lo había hecho en el caso del gobierno de Javier Milei en Argentina al inicio de su mandato. En contraste con su antecesor AMLO quién en su primer acto de gobierno se reunió con las madres y padres de los desaparecidos de la Noche de Iguala, Claudia Sheinbaum ni siquiera atendió a los colectivos de madres buscadoras y mucho menos atendió la problemática de los migrantes que por ser extranjeros terminan siendo doblemente abyectos.

Esto que pareciera extender la frase al absurdo para dar cuenta de lo poco atendido que está un tema puede servir para rastrear la omisión por descuido o por voluntad del problema que no sólo afecta al territorio o a la población mexicana, sino a las vidas migrantes que se arriesgan al entrar a un territorio que es hostil por todas sus aristas, cuando no es el desierto, “la migra” o los coyotes quienes les truncan el sueño de llegar a Estados Unidos, son el crimen organizado o las fuerzas armadas las que los desaparecen. El problema migratorio no fue mencionado en el discurso de toma de posesión de la presidenta ni en su secuela que un par de horas después se llevó a cabo la plancha del Zócalo, no ya frente a los legisladores sino frente a sus simpatizantes. Ahí se enlistaron los 100 compromisos que abrazaría Sheinbaum para su mandato. De 100 puntos dichos, los migrantes no figuraron en ninguno de ellos. En los siguientes eventos oficiales siguió sin nombrárseles. No es sino hasta que se acercaron las elecciones en Estados Unidos en las que resultó ganador Donald Trump que como respuesta a las amenazas de represión en contra de los migrantes, principalmente latinoamericanos, como estrategia de chantaje para imponer las medidas económicas, la presidenta, entonces mencionó que se les abrazaría a los deportados a su regreso. De eso no se detalló ninguna estrategia para atajar de manera seria el problema migratorio, el de los mexicanos repatriados que Estados Unidos regresa como criminales. Ahora se nombraba a los mexicanos que pueden ser devueltos, pero a los que atraviesan el territorio desde Centroamérica, a los tristes más tristes, como diría Roque Dalton, a esos no se les nombró, a la fecha siguen sin existir para esta administración.

Pero para echar un vistazo a casos que reflejan la atención de la anterior administración hacia los migrantes, recordemos que el 27 de marzo de 2023 se reportó el incendio de la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez en donde murieron 40 migrantes, debido a que estos centros más que ser un refugio se construyen como prisiones en donde se les encierra con las mínimas condiciones de supervivencia, pues los migrantes permanecen en las estancias en calidad de detenidos. No olvidemos que las Fuerzas Armadas tomaron la administración de estas estancias y el control del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2020, por lo que la atención que se da en esos espacios opera bajo una lógica castrense, con la mínima preocupación en los derechos humanos de los migrantes. Principalmente los centroamericanos sin documentos son criminalizados y encarcelados, esto en consonancia con los intereses de Estados Unidos que desde 2019 ha solicitado que el bloqueo militar se establezca desde la frontera con Guatemala para impedir el avance de la migración indocumentada con destino a la frontera norte. Los migrantes de la estación murieron por la negligencia criminal de quienes al mando del espacio no abrieron las rejas a tiempo.

El titular del INM Francisco Garduño, quien debía de haber mantenido los mínimos protocolos de protección civil, se deslindó de su responsabilidad. Argumentó que al momento del incendio él se encontraba a 800 kilómetros de distancia de la estancia y que por dicha razón, no era él quien debía rendir cuentas por la tragedia, añadió que él dormía tranquilo. Se culpó al personal de seguridad, pues al momento del acto que dejó sin vida a 40 migrantes y decenas de lesionados se encontraba solo una persona cuidando y fue quien no abrió las rejas para que se salvaran las personas detenidas. Se culpó al eslabón más débil, pero se dejó intacta a la cadena de mando que debería llegar hasta el mismo Garduño. Esto nos hace pensar en lo que el periodista salvadoreño Óscar Martínez menciona al respecto de los centroamericanos como aquellos migrantes que no importan. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos en perjuicio de migrantes mexicanos, el ejecutivo hubiera prestado atención, pero en este caso, por ser centroamericanos, no ameritaron ni una mención para la nueva administración.

A dos años de este suceso, poco se ha esclarecido, las víctimas no han tenido respuestas, pero se ha anunciado que el próximo 16 de abril se dará una disculpa pública por parte del aún titular del INM hacia las víctimas del incendio. El desprecio y el abandono a quienes de por sí atraviesan y habitan este territorio en completa precariedad, nos hace pensar que esta disculpa se trata de un performance más con la intención de hacer la pantalla de atención a los problemas cuando terminan quedando solo en el discurso.

¿Cuál es el problema con esta disculpa que en principio pareciera ser parte de un correcto actuar de un Estado que reconoce sus responsabilidades del pasado? El problema es quién va a dar esa disculpa, pues se trata del mismo Francisco Garduño, que en su momento no se le atribuyó ninguna responsabilidad, ni se le destituyó. En el cambio de sexenio se anunció que el pase de estafeta se haría con el ex gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, personaje que no tiene ninguna experiencia en el tema; sin embargo, a pesar de que por el caso del incendio se le terminaron imputando responsabilidades penales por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Garduño se ratificó en el puesto, dejando en un limbo legal a su ya nombrado sucesor. Estos cargos en su contra se le habían imputado en 2023 y en enero de 2025 se suspendió el proceso penal en su contra, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones, dentro de las cuales se encuentra la disculpa pública, así como que tome cursos sobre derechos humanos. La reparación del daño a las víctimas no figuró dentro de las condiciones para quitar culpas penales a Garduño. El argumento de la presidenta Sheinbaum fue que el funcionario ya tiene experiencia en el tema y era mejor que siguiera. Si bien hay quienes se aferran al fuero como Cuauhtémoc Blanco, existen otras formas de mantener intactos a los funcionarios del oficialismo y que no se les apliquen las penas a los que judicialmente se les ha imputado.

Por eso, cuando revisamos la idea de ofrecer una disculpa, este acto carece de cualquier sentido y legitimidad. ¿Para qué dar una disculpa, si el mayor responsable sigue al mando y no se le sanciona por parte del gobierno? Pareciera que este acto es para nombrar a penas los horrores que sufren los migrantes frente a un país que no solo en los actos criminales, sino en la cultura por medio de una hospitalidad selectiva, como menciona María Fernanda Rivero presumen de ser un país que recibe al extranjero, por un lado, y por el otro ignora y mata a los centroamericanos. La disculpa no es disculpa por el hecho de que todo sigue igual y el único que saca provecho del acto para su narrativa es el Estado, En los libros quedará el 16 de abril de 2025 como el día en que se responsabilizó la jefa de Estado por uno de los peores crímenes que sucedieron bajo la administración de López Obrador, pero en los hechos nada cambia. El INM sigue militarizado, Garduño sigue en su lugar, la política de militarización de la frontera se recrudeció con 10 mil efectivos más de las Fuerzas Armadas que como tributo se ofrecieron a Trump ante su primera amenaza de imponer aranceles a México en febrero del presente año y, si nombrar el problema migrante solo es para sacar provecho y legitimidad, quizá nombrar algo no es suficiente para que la responsabilidad exista, para que los muertos se le aparezcan como verdaderos a esta administración.