Por: Odiseo Casares

Delegados de la zona norte de Toluca junto con autoridades tradicionales y colectivos otomíes, enviaron el 20 de febrero de este año un oficio a la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez Álvarez, y al presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, del mismo partido, para que juntos elaboren una contrapropuesta para la reasignación presupuestal o reubicación del Centro de Control y Bienestar Animal que se planeaba construir en el Parque Sierra Morelos, así como generar una política pública y proyectos integrales con recurso etiquetado, en colaboración con las comunidades otomíes que enfrentan la problemática de los animales callejeros.

Los firmantes reiteraron su disposición para colaborar con los gobiernos municipal y estatal en la implementación de acciones que garanticen resultados efectivos y sostenibles para esta problemática de salud pública y sobre todo de conciencia y compasión por los animales en condición de calle, y pidieron que esta solución pueda llevarse a cabo en un espacio adecuado que no comprometa el equilibrio ecológico ni los derechos colectivos de la población, particularmente de las zonas que requieren este servicio con mayor urgencia.

El 13 de enero de 2025, Emmanuel Rodolfo Pedraza Reyes, coordinador municipal del Centro de Control y Bienestar animal, en una reunión realizada en el ayuntamiento de Toluca, afirmó que la zona norte presenta los índices más altos de perros callejeros, lo que refuerza la necesidad urgente de implementar políticas y acciones específicas en esta área. “Sí hay un lugar donde se requiere en Toluca […] la zona que en dado caso fuera más viable, desde mi perspectiva práctica de muchos años, viendo este tema de control poblacional y bienestar animal de estas dos especies, sería el norte de la ciudad. El tema del parque Sierra Morelos es que al abrir un establecimiento con estas características técnicas se puede fomentar el abandono y la presencia exacerbada de estas especies, que sería lo contrario al efecto que se podría buscar”, dijo. Por lo que respecta a los colectivos otomíes en los que participan universitarios y pobladores originarios, denuncian que una creciente indolencia de las autoridades y población en general hacia los animales callejeros se ha venido observando con el incremento de perros desamparados, ya que se ha normalizado ver a estos animales lastimados, con infecciones muy avanzadas y sufriendo sin que nadie haga nada. Hay contadas excepciones en las diferentes delegaciones de San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan, en las que un reducido número de veterinarios y activistas atienden a los animales con sus propios recursos, pero no alcanza para paliar esta seria problemática. Este medio ha documentado en diversos recorridos que todas las calles de la zona norte tienen una fuerte presencia de perros callejeros, que además de producir una gran cantidad de desechos fecales que la gente respira, representan un peligro para las personas más vulnerables, como ancianos, niños y bicicleteros que sufren los ataques de jaurías en su andar diario por la zona otomí. Finalmente, lo que las autoridades y colectivos de la zona norte piden es que las autoridades municipales y estatales intervengan de manera conjunta con los pobladores para dar solución real a esta problemática de salud pública y ambiental para que los animales puedan acceder a una vida más digna, como lo estipula la más reciente reforma constitucional a los artículos 3, 4 y 73 en materia de protección y bienestar de los animales, que eleva a rango constitucional la obligación del Estado mexicano para garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. De no atender este llamado del pueblo otomí, estarían desacatando la Constitución federal y México seguiría siendo el tercer país del mundo con más violencia animal y el primero de Latinoamérica, como lo afirma una reciente investigación del Instituto Belisario Domínguez.