Decenas de posesionarios de los bienes ejidales de San Cristóbal Huichochitlán evitaron que este jueves fuera electo un nuevo comisariado ejidal y consejo de vigilancia sin su participación, pues consideran que existen reiterados casos de corrupción ejercidos por un grupo de personas que ha venido manteniendo el control de esta estructura y ahora buscaba la reelección.

Y es que la convocatoria realizada por el comisariado saliente para reunirse esta mañana en el salón ejidal de San Cristóbal Huichochitlán, sólo contemplaba la participación de los ejidatarios y, de acuerdo con los inconformes, no había tenido la debida difusión.

Mientras tanto, el comisariado ejidal saliente buscó la participación de personal de la Procuraduría Agraria para que hiciera valer su convocatoria.

Cerca de las 11 de la mañana, visitadores de la Procuraduría Agraria tomaron el padrón de ejidatarios y buscaron realizar la asamblea en los términos de la convocatoria, que por tratarse del segundo llamado tendría lugar con cualquier número de ejidatarios que asistieran. Inmediatamente los cuestionamientos de los demás asistentes empezaron a crecer, razón por la cual arribó la policía municipal y posteriormente elementos del Grupo de Operaciones Especiales, que fueron cuestionados por los vecinos de la comunidad: «cuando vivimos inseguridad, ¿dónde están? ¿Y aquí por qué sí aparecen?”, les dijo uno de los asistentes a la asamblea.

Pese a la asistencia de los elementos, los posesionarios insistieron en su inconformidad e ingresaron al salón ejidal en protesta, razón por la que la asamblea finalmente fue suspendida, dejando en la incógnita el futuro del comisariado.

Fracturas comunitarias y el auge del descontento

El conflicto en San Cristóbal Huichochitlán refleja un patrón general en el país: la privatización de los ejidos impuesta durante el gobierno de Salinas de Gortari en la década de los años noventas no sólo transfirió tierras a manos privadas, sino que alteró la gobernanza interna de las comunidades al incentivar la propiedad individual sobre la colectiva, el modelo salinista debilitó los mecanismos tradicionales de toma de decisiones, basados en asambleas y consensos. Esto ha permitido que pequeños grupos, aliados con actores políticos o económicos externos, concentren el poder ejidal, marginando a sectores que defienden la tierra como un bien común.

Tras tres décadas, la reforma salinista sigue alimentando conflictos, en regiones indígenas y con alta presión urbana, como el Estado de México, esto ha acelerado la venta de tierras a desarrolladores inmobiliarios. En Huichochitlán, la especulación de suelo ahora agudiza la pugna por el control ejidal, algo que, de acuerdo con uno de los presentes en la asamblea, sólo puede ser revertido con la organización social, la recuperación del carácter del ejido y los derechos de los pueblos originarios.