“Renuncié al trabajo por distintos tratos y cambios en esa empresa, así que me dieron mi finiquito, pero cuando tocaba el reparto de utilidades, otros compañeros y yo, que ya no laborábamos ahí, no recibimos el respectivo pago antes del 30 de mayo, así que acudí a la Secretaría del Trabajo federal. Ahí me dieron una asesoría en la que me indicaban que por el alcance de la empresa debía acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para iniciar el proceso de conciliación con la empresa, pero también me sugirieron que ingresara en la Oficialía de Partes de la Secretaría del Trabajo un oficio para solicitar una inspección laboral”, dice un ex trabajador de la empresa de comunicación AD Noticias, ubicada en Toluca, y cuya razón social es UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V.
Esta empresa fue sancionada durante el 2024 luego de la inspección laboral solicitada por el ex trabajador ante la falta de pago de utilidades, entre otras irregularidades que mantenía. El proceso tardó más de un año y finalmente AD Noticias fue multada por 61 mil 829 pesos, de acuerdo con el listado de empresas sancionadas entregado por la Secretaría del Trabajo desde solicitudes de Transparencia.
AD es la primera empresa de medios de comunicación en Toluca sancionada por las condiciones laborales que mantiene, aunque la Secretaría del Trabajo estatal tiene pendiente la realización de al menos otras nueve inspecciones laborales a empresas de este tipo que fueron solicitadas en octubre de 2023 por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios y la comunicación contra la precarización laboral #TenemosQueHablar (ATQH,) organización de carácter nacional dedicada a la defensa de los derechos laborales en este sector, y que construye un sindicato que acogerá a quienes laboran en ese sector.
La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, y el secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete, respaldaron estas acciones durante la primera Audiencia Ciudadana realizada en palacio de gobierno; sin embargo, hasta la fecha ATQH no ha recibido noticas acerca del avance en el que se encuentran esas acciones por parte del área de Inspección Laboral.
Las solicitudes forman parte de un pliego petitorio entregado a Delfina Gómez en el que la ATQH demandó cambios sustanciales en la forma en que los medios de comunicación reciben recursos y las condiciones laborales de sus trabajadores, pues decenas de testimonios dan cuenta de los serios incumplimientos de derechos laborales solapados por las distintas instancias de gobierno, algo que no sólo se da en empresas de ese sector sino en miles que violan derechos laborales.
La información obtenida por Transparencia revela que en total se habían emitido 414 sanciones luego de una inspección laboral, entre 2019 y hasta finales del 2024, mientras que las inspecciones laborales en esos cinco años han alcanzado a unas 10 mil unidades productivas dentro de un universo de 700 mil, es decir en cinco años apenas se ha verificado al 1.4 por ciento. Las siguientes gráficas dan cuenta que no existen cambios sustanciales en el primer año del gobierno morenista.
Una dependencia patronal
Apenas en noviembre del 2024, Omar Mañón Juárez, encargado de la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo estatal -quien en redes da cuenta de una trayectoria como priista- presumió a medios de comunicación los avances del nuevo modelo de inspección que se está implementando durante el llamado gobierno de la Transformación. Ahí señala que el número de inspectores en campo pasó de 9 a 14 en condiciones generales y de cuatro a cinco en materia de seguridad y salud. Se trata, en realidad, de un “avance” insignificante que beneficia directamente a las empresas y deja desprotegidos a los trabajadores.
La actual situación laboral es muestra de que la Secretaría del Trabajo mantiene la continuidad neoliberal de los gobiernos priistas que por décadas favoreció a las patronales, condición a la que también se suma la falta de transparencia.
Para acceder a la información, Todo en Contra realizó una solicitud de la información a través de Transparencia el 26 de enero de 2024, en la cual se solicitó el número de inspecciones realizadas por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral del 2019 al 2024, el nombre de las empresas inspeccionadas y las sanciones que habían sido determinadas en esos años. Pero la Secretaría del Trabajo sólo entregó los listados de las empresas inspeccionadas y algunas estadísticas, evitando exhibir a las empresas sancionadas.
Entonces se tuvo que integrar un recurso de revisión a dicha respuesta para pedir que se entregara la información completa. El procedimiento tardó 7 meses y finalmente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, obligó a la Secretaría del Trabajo a entregar la información.
De esa manera que se pudieron obtener los listados de empresas sancionadas y los montos y con eso complementar esta investigación, que evidencia por un lado el favoritismo de la Secretaría del Trabajo con patrones y empresas, y por el otro exhibe a todas las empresas sancionadas en la entidad por la violación de derechos laborales.
Todo en Contra 
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