Texto: Jeanette Estrada

Fotos: Víctor Castillo

Estaba en clase cuando una compañera dijo muy indignada que el Congreso de la Ciudad de México quería despenalizar el aborto sin límite de semanas; le parecía inaudito que una mujer decidiera abortar “un día antes del parto”.  Yo no dije mucho, pero recordé que algunos años atrás a mí también me parecía inconcebible que una mujer decidiera abortar después del primer trimestre, sí, porque creía que era asesinato. Afortunadamente, encontré información que me hizo cambiar de opinión.

Estudios científicos demuestran que solo entre 10 y 15% de las adolescentes y mujeres abortan después de la semana 12, y no solo eso, sino que, de acuerdo con Ipas, organización que se encarga de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, son principalmente las adolescentes que viven en contextos de pobreza, desigualdad social y violencia quienes abortan después de la semana 12.

Estas adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar no solo se enfrentan a la desigualdad social, a la falta de información y a la ausencia de un sistema de salud público que pueda orientarlas, sino también a la criminalización, sí, porque el aborto en algunos estados del país, como el Estado de México, es un delito que se castiga con cárcel. Por ello, las organizaciones internacionales que salvaguardan los derechos sexuales y reproductivos explican que las restricciones legales, lejos de erradicar los abortos podrían obligar a las mujeres a autoinducirse abortos sin los protocolos y acompañamiento adecuados, lo que aumenta el riesgo de muerte materna.

“Las mujeres y las niñas que se presentan para practicarse un aborto después de las 12 semanas de embarazo suelen ser representativas de las poblaciones más marginadas, tienen más probabilidades de haber afrontado obstáculos financieros o logísticos para recibir atención, de ser adolescentes, víctimas de violencia y/o haber tenido una detección tardía del embarazo”, señala la organización.

Aunque, es importante señalar que un aborto “clandestino”, es decir, que se realiza en casa de manera libre y autónoma no siempre es un riesgo, de hecho, el 97.3% de los abortos realizados con misoprostol tienen éxito gracias a la asesoría de las acompañantas y los protocolos de las organizaciones.

Actualmente, el Código Penal del Estado de México castiga hasta con tres años de prisión a las mujeres que deciden abortar y a las personas que practiquen un aborto. Aunque existen algunas causales que señalan que el aborto puede practicarse de manera legal –violación sexual, malformación del producto o riesgo de salud para la mujer– la criminalización es un obstáculo que impide a las mujeres y personas con capacidad de gestar decidir sobre su cuerpo.

Human Rights Watch explica en su informe Navegando Obstáculos, acceso al aborto en el Estado de México que el miedo a la criminalización provoca que las mujeres no asistan a los hospitales públicos para atender una emergencia por aborto, incluso aunque se encuentre dentro de las causales que estipula la ley. Además, el informe explica que la criminalización provoca que las mujeres tengan miedo a denunciar una agresión sexual cuando se practican un aborto. La criminalización también causa que el personal de salud tenga miedo de ofrecer información o practicar un aborto. Médicas que practican abortos en estados donde no es legal, señalan que han sido agredidas, juzgadas o amenazadas por ofrecer información o realizar esta práctica médica.

Además de esto, la criminalización de aborto provoca que la información no se divulgue, lo que abona en los estereotipos de género y en la discriminación hacia las mujeres que deciden abortar. Entonces, avanzar en la despenalización de aborto no solo dejaría de castigar a las mujeres y personas con capacidad de gestar, es protegerlas de las violencias estructurales antes mencionadas. Es reconocer el derecho de las mujeres a elegir cuándo ser madres, lo que significa dejar de pensar la maternidad como una imposición para que se convierta en una elección.

Mujeres organizadas y su lucha por la despenalización de aborto

La lucha por la despenalización del aborto en la entidad es antaña, las mujeres llevan por lo menos 15 años exigiendo a las autoridades aborto legal. Principalmente, han sido las acompañantas de mujeres y personas con capacidad de gestar las que han insistido en que el aborto legal sea un hecho en nuestra entidad. Esto porque son ellas quienes suplieron la tarea del estado y con sus recursos han proporcionado protocolos, medicamentos y contención psicológica a mujeres que deciden abortar. Y no solo eso, sino que también se han capacitado en política pública, primero auxilios psicológicos y protocolos de aborto para tener más herramientas en sus acompañamientos.

Sin embargo, aunque las acompañantas han tenido un papel fundamental, a esta lucha se ha sumado una pluralidad de mujeres que exige decidir sobre sus cuerpos, exige su autonomía corporal y la maternidad deseada. Por ello, en 2021, más de 100 colectivas y organizaciones de mujeres sumaron sus voces para llevar esta demanda al Congreso del Estado de México, un congreso que estaba compuesto por una mayoría calificada de izquierda, pero que ni si quiera presentó ni discutió la iniciativa. En cambio, hostigó y agredió a las mujeres que se manifestaban a las afueras de la “Casa del Pueblo”, a las manifestantes las recibieron con manguerazos de agua fría para impedirles que se acercaran a las puertas de congreso.

Esa ocasión dejó una sensación de desilusión y tristeza, porque más allá de los sueños individuales de las mujeres que se manifestaron en 2021, había un sueño colectivo: aborto legal para disfrutar nuestra sexualidad y elegir cuándo ser madres, aborto legal para que una adolescente en condiciones de pobreza pueda acudir a un hospital a realizarse este procedimiento de forma gratuita, aborto legal para que ninguna mujer o adolescente estuviera presa, aborto legal para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y respetar su autonomía corporal.

Han pasado tres años desde aquella vez y la ilusión persiste en todas las mujeres que formaron la articulación Marea Verde, un frente conformado por más de 200 mujeres y colectivas que ha puesto su esfuerzo, dedicación, creatividad y tiempo para que por fin se despenalice el aborto en la entidad. Por eso, hoy cuando el Congreso del Estado de México prevé discutir la iniciativa aprobada en la Comisión por la Igualdad de Género, Marea Verde convocó a una manifestación afuera del congreso, para pintar, bailar, cantar, gritar juntas:

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.