Eduardo García Vázquez

En griego antiguo no existe una palabra equivalente a “prisa” para el español, pero existen figuras que expresan un sentido similar, y aunque ambas implican rapidez y acción, señalan formas diversas de actuar. Por un lado, está spoudè, que denota una forma de actuar rápida y ágil, un proceder diligente para cumplir tareas; esta actitud se puede asociar con Hermes, quien al ser patrono de los pastores ayudaba a llevar a buen puerto y a tiempo a los rebaños. Por otro lado, encontramos la ropè, que designa una acción rápida pero destructiva, vinculada inmediatamente a la ira y la fuerza para resolver de manera eficaz cualquier obstáculo, pero destruyéndolo en el proceso. Esta forma de actuar se asocia con Zeus, y en particular con la manera en la que él, para poner fin a un problema, arrojaba rayos que literalmente lo acababan.

En la transición de gobierno que hemos experimentado en los últimos meses, observamos una acción del Ejecutivo con un tinte de ropè, pues la prisa que se heredó del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado el ritmo del inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en su avance hacia el cumplimiento de las reformas que han transformado el carácter sustancial de la Constitución y la estructura de la República. Si bien desconocemos sus motivaciones, intuimos ciertos eventos que lo pudieron guiar ya en la segunda mitad del sexenio anterior y que provocaron un cambio de actitud en el Ejecutivo como cuando se topó con pared frente al Poder Judicial para pasar las reformas en materia energética y la de incluir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo acrónimo actual es “Defensa”. Esta manera arrebatada de proceder contrasta con una virtud destacada de López Obrador a lo largo de su carrera: la paciencia. Se recuerda su perseverancia y paciencia frente a la adversidad que caracterizó su camino a la presidencia, el cual incluyó dos elecciones previas y un fraude en su contra en 2006, hasta alcanzar lo que parecía ser la recompensa a su persistencia en 2018.

Foto: Al Momento Mx

El proceso electoral que dio inicio oficialmente con las precampañas el 11 de julio de 2023, ya venía precedido por un periodo inédito de anticipación ilegal por parte del partido oficialista, que después replicaría la alianza opositora y al verse rebasado el Instituto Nacional Electoral (INE), no pudo más que validarlo. Los partidos actuaban con prisa para hacer pre-pre-campaña incluso desde 4 meses antes de lo debido, cometiendo un acto ilegal, unido a los gastos excesivos que no se pudieron fiscalizar. Desde entonces y hasta las elecciones se dio un continuo de descalificaciones y uso faccioso de diversos medios como la Mañanera, en contra de la oposición o de cualquier voz crítica al oficialismo. En ese intermedio se aprobaron al menos dos reformas bastante cuestionables por ir directamente en contra de la defensa de los derechos humanos: la Ley de Amnistía, la Ley de Amparo, además de la no derogación de la Prisión Preventiva Oficiosa, hecho por el cual el Estado mexicano cuenta con una sentencia en contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto fue abonando a la poca pericia para afrontar los problemas de la nación, se venía configurando un modo de operar para ir aplastando las posibilidades de acción de cualquiera que no estuviese de acuerdo con el oficialismo. Se asomaba un espíritu de concentración de poder o de al menos truncar cualquier resquicio de defensa de los derechos humanos frente al poder. Recordemos que el tipo de prisa que parece explicar esta actitud no sólo es rápida, sino destructiva.

Mucho se puede decir del estilo de gobernar de López Obrador durante casi seis años, pero al enfocarnos en la “ventana de septiembre” —el periodo que va desde que la nueva Legislatura asumió funciones el 1 de septiembre de este año, mientras López Obrador aún seguía en funciones, hasta la llegada como presidenta de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024— la ecuación cambia, pues en este breve lapso contó con un Congreso mucho más fuerte que el que tuvo durante su mandato para avanzar en la aprobación de sus propuestas. Aunque el partido en el poder tenía asegurados seis años más, nos sorprendió su actuar, parecido en la mitología griega al de los hijos de Cronos, los crónidas, sin margen de espera y arrasador. Este proceso de facto se hizo visible el pasado 5 de febrero cuando el Ejecutivo envió un paquete de 20 reformas constitucionales. En su momento, esto no recibió la atención debida, interpretándose apenas como un intento del presidente por influir en el proceso electoral, pues se decía que sería “imposible” que prosperaran antes del fin de su mandato. No se anticipaba, sin embargo, el resultado abrumador que Morena obtendría en las elecciones presidenciales y legislativas.

Foto: Presidencia

No menospreciamos el hecho histórico del triunfo tan grande que representó la llegada de Sheinbaum a la presidencia como la primera mujer electa en el más alto cargo del poder político en el país; como personas de izquierdas ese logro es importante; no obstante, en estas líneas no queremos despegarnos de aquella maquinaria política que pareciera que pasa incluso por encima de este hecho que por sí mismo debería imponer la agenda. Por tanto, más allá de la titular del Ejecutivo, nos enfocamos en lo que este triunfo representó en el Congreso, terreno de disputa de donde partieron las demás acciones que se concretan en esta prisa.

A finales de agosto, partiendo de la elección histórica para el bloque ganador y previo al inicio del periodo ordinario del Legislativo, se presentó un dilema al definir el criterio para asignar a los diputados de representación proporcional y cumplir con la conformación de 500 de la Cámara. Mediante lo que algunos consideran una “artimaña” o presiones hacia el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), estos terminaron fallando a favor de asignar la sobrerrepresentación de 8 por ciento como tope mediante el criterio por partidos y no por coalición, con lo que el oficialismo se hizo con un 74 por ciento del total de los diputados, cifra sobrada para cumplir con la mayoría calificada y así poder pasar cambios, incluso en reformas constitucionales, sin la necesidad de negociar con ninguna otra fuerza en la Cámara Baja. Esto se impuso por encima del criterio que defendía la oposición, la cual señalaba que la coalición con la que Morena llegó a la presidencia juntaría apenas un 54 por ciento de la Cámara y por mucho habría obtenido 62 por ciento de las curules, por lo que no tendría una mayoría como la que argumentaron desde el partido triunfante. Unido esto al “chapulineo” con el que Morena pudo transferir diputados que habían hecho campaña por su partido y ahora eran devueltos al Verde y al PT, se burlaba así los mecanismos que buscaban evitar la sobrerrepresentación excesiva.

Así se concretó lo que se considera el inicio de la hiperconcentración de poder en un partido que se vuelve hegemónico. Así comenzó la prisa. Ya con una mayoría nunca antes vista, se dio paso a aprobar todo lo que viniera, sin discusión alguna.

Con todos los elementos para ejercer un poder del que no se contaba por parte del partido oficial, al menos desde la primera mitad de la década de los años 70, se puso en marcha el tren del oficialismo. El punto más trascendental se encontró la propuesta de reforma judicial que, ahora sí, se podría implementar y que avanzó con el argumento de eliminar la corrupción en este poder, para lo cual cambiaría la forma de acceso y promoción a los puestos que lo conforman. Eso hasta ahora se había hecho mediante una carrera judicial, pero se propuso un giro hacia la implementación de una elección por vía de voto popular para jueces, ministros y magistrados. A esto se agregó el cambio del Consejo de la Judicatura, órgano regulador de accionar del Poder Judicial para crear un Tribunal de Disciplina que podrá sancionar y remover a los juzgadores que se considere que su actuar no fue el adecuado.

La reforma al Poder Judicial

El primer paso propuesto en la reforma fue cesar a los más de 700 miembros del Poder Judicial para poner a elección popular dichas vacantes. De esta propuesta nunca alcanzamos a comprender la relación causal entre el cambio de mecanismo de elección para dichos puestos y la disminución de la corrupción, como si la elección popular hubiera evitado que en otros ámbitos existieran prácticas corruptas e ilegales. Cabe resaltar que en la primera mitad del sexenio de López Obrador no se propuso una reforma  que atacara así a todo el Poder Judicial, pues mientras el ex ministro en retiro, Arturo Zaldívar, estuvo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo y el Judicial tuvieron una relación no solamente armoniosa sino de complicidad que, como se ha hecho evidente, incluso expresado textualmente por el mismo López Obrador, durante el mandato de Zaldívar bastaba con que el Ejecutivo hiciera una llamada al máximo representante judicial para que pusiera en línea a los juzgadores de menor rango que no acataran  resoluciones favorables al régimen.

El 1 de septiembre arrancó el Congreso con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y para el 3 de septiembre ya se discutía esta iniciativa en pleno. Debido a la toma de San Lázaro por manifestantes afines al Poder Judicial, fue imposible llevar a cabo la sesión en su sede habitual, por lo que los legisladores se desplazaron al Deportivo Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. En un espacio que, si bien puede albergar a todos los diputados, no cuenta con las condiciones necesarias para una votación formal, surgieron acusaciones de falta de quorum y de suplantación de colaboradores en funciones de diputados, y aunque fue a mano alzada, se aprobó el dictamen y se turnó a la Cámara Alta para su revisión. Este proceso avanzaba bajo una prisa que arrollaba, fundada en una fuerza numérica sin que reflejara soluciones de fondo.

Si bien la reforma avanzaba en la Cámara de Diputados gracias a una mayoría que algunos consideran “artificial”, el escenario en el Senado era diferente. En esa Cámara, el bloque oficialista contaba con 83 de los 128 senadores, quedando a tres votos de alcanzar la mayoría calificada, necesaria para evitar negociar con otras fuerzas. Días antes, dos senadores perredistas, únicos sobrevivientes de su partido tras la pérdida de registro a nivel nacional, decidieron cambiar de partido, abandonando al que en su momento fuera el estandarte de la izquierda partidista. Con este cambio, el oficialismo quedó a un solo voto de la mayoría calificada. Los senadores que ahora se pintaban de guinda fueron recibidos y felicitados por la presidenta electa Sheinbaum, y así la propuesta de reformar el sistema judicial, para que los miembros del Poder Judicial fueran elegidos por mayoría en las urnas, quedó a un solo voto de ser aprobada. De no obtenerlo, y si el bloque opositor mantenía sus 43 votos, la reforma no pasaría.

A un voto

Estando a tan sólo ese preciado voto, el día de la votación en el Senado se dio una de las escenas más lamentables y vergonzosas por el desaseo con el que ocurrió. En ese contexto, con una extenuante simulación de debate en la Cámara Alta, ésta fue tomada con un portazo por los opositores al avance de la reforma constitucional y esto hizo que al no poder seguir la “discusión” en el recinto de Reforma, por razones de seguridad, la sesión fuera suspendida momentáneamente. Ahí se puso a prueba al legislador Gerardo Fernández Noroña, que si bien había sido marginado dentro de la nueva élite en el poder, ahora se encontraba en uno de los puestos más decisivos de este gobierno. Este personaje había quedado fuera de los puestos prometidos por su coalición electoral después del triunfo, pero al enterarnos de que presidiría el Senado, pensamos que estaría en uno de los lugares más incómodos porque es un puesto que demanda tranquilidad para poder dirigir las sesiones Nunca estuvimos más equivocados, pues Noroña siguió siendo Noroña, pero con más poder. Este presidente trasladó la sesión a la Antigua Casona de Xicoténcatl para sesionar. Ahí, durante la madrugada, se concretó lo que pensamos como la ropè de un Zeus que a toda costa pasaría su voluntad que no sólo se reduce al titular del Ejecutivo (aunque en éste recayó la prisa), sino a todo un aparato que con esa consigan, con el poder desbordado en dos de los tres poderes y con la capacidad de pasar esta reforma que aplastaría al tercer poder, siguió su paso. Fue en las primeras horas del 11 de septiembre cuando Miguel Ángel Yunes, senador por el PAN que había dicho que votaría en contra de la reforma, cambió de bando.

Para no ahondar en el evento más triste de toda esta vorágine, no de manera ilegal, pero sí como reflejo de los acuerdos más turbios heredados del antiguo régimen priista, el oficialismo aceptó con vítores al senador Yunes (no importando que viniera de su hombre de paja: el “prianismo), que desde el fin de semana antes a la votación en la Cámara Alta se había desaparecido y había levantado las dudas de su partido sobre el sentido de su voto. Aunque el senador Yunes y su papá, ex gobernador de Veracruz que también se llama Miguel Ángel, habían sido abiertos enemigos de la llamada 4T y habían mantenido una lucha mediática pública contra el expresidente López Obrador, en donde en ambas direcciones se hicieron acusaciones de delitos y corrupción, también era conocido su “pragmatismo” político que hacía dudar que intentara frenar con su voto la reforma por sus habilidades camaleónicas para unirse conforme soplan los vientos de los grupos de poder. En resumidas cuentas, el senador Yunes (hijo) argumentó problemas de salud, por lo que se ausentaría a la sesión de votación y su papá, porque además es su suplente, tomaría su puesto para votar. No obstante, momentos antes de llegada la votación, Yunes hijo apareció y ejerció su sufragio a favor de la reforma judicial, dando el voto que el oficialismo necesitaba, lo cual levantó todas las sospechas de los pactos que habrían llevado a ese cambio de parecer, pues desde Fernández Noroña, Jesús Monreal y hasta la misma presidencia se congratularon y dieron borrón a las acusaciones que en el pasado hicieron a la familia de los Yunes. Se presume que en el fondo se negociaron todas aquellas denuncias que pudieron impactar en los políticos veracruzanos para ponerlos frente a la ley y mejor absolverlos a cambio de su voto.

Esta reforma salió de madrugada, luego de una jornada maratónica en la que se obtuvo la aprobación en ambas cámaras. Ahora restaba el trámite para ratificar la reforma por al menos 17 congresos estatales, para que no hubiera vuelta atrás y fue así como pudimos notar una más de las expresiones de la ropè, cuando el Congreso de Oaxaca, que comenzaba a sesionar a las 8 de la mañana del mismo día, pudo aprobar por unanimidad la reforma diez minutos más tarde, lo cual sería físicamente imposible, pero viciaría la legitimidad del procedimiento de reforma constitucional. En menos de 24 horas, se habían obtenido los votos favorables por los congresos que la ley establece, que daban punto final a un cambio constitucional.

Poco antes de haber discutido y votado a favor en el Senado la reforma, Fernández Noroña había señalado públicamente que el conflicto legislativo era, desde su punto de vista, como un choque entre dos trenes en donde uno de los dos se tendría que quitar y ése no sería el de Morena. Y que, viendo la correlación de fuerzas, más que dos vehículos similares se trataba de  un choque entre un Volkswagen de la oposición frente a su tren que, al ser avalado en los comicios y ratificado en el Congreso, no veían incentivos para discutir nada, sino que el tono de este gobierno sería el de arrasar.

Nos queda la imagen de que la vorágine y este afán arrasador de Zeus o del tren que no se va a quitar se pudo haber detenido por pocas cosas, pero el 16 de setiembre, sin falta, se llevó a cabo el desfile militar en conmemoración del aniversario de la Independencia, que al menos nos ratificó lo que ya sabíamos: que el Estado puede renunciar incluso a su estructura que le permite trascender la concentración de poder, pero no a las fuerzas que lo resguardan y a los símbolos y rituales que se buscan mantener como manifestación del poder. Las fuerzas armadas marcharon como preámbulo de la reforma judicial, a la que le tocaba su turno para robustecer las fuerzas armadas con la incorporación de la Guardia Nacional a la antigua Sedena.

Foto: Presidencia

En la misma lógica y resueltas ya las mayorías en ambas cámaras con una actitud que antes se le reprochó al régimen panista de “haiga sido como haiga sido”, el oficialismo conformó una fuerza que no tiene desde entonces que negociar nada dentro del Congreso y si eso ocurre puede ser por mero performance democrático o cortesía, pero no es necesario. El 19 de septiembre se dio la aprobación en la Cámara de Diputados la reforma que concreta la transferencia de la Guardia Nacional, del control de la SSP, a la Sedena, reforma que se había atorado desde 2022 cuando López Obrador la vio detenerse en un Congreso no favorable a su partido y que le reprochaba que en su creación se había comprometido a que la Guardia Nacional sería un cuerpo armado civil y que con este cambio se iniciaría un proceso de militarización del país, traicionando así algunas de las promesas que realizó desde sus campañas en 2012, cuando prometía regresar a los militares a los cuarteles, en contra del discurso de la guerra contra el narcotráfico. Ahora, terminando el primer sexenio morenista, la reforma pasó a toda prisa, pues al parecer el móvil estaría en lo que planteó el diputado Ricardo Monreal cuando dijo que la aprobación de estas dos reformas sería el regalo con el que se despediría a López Obrador.

Foto: Presidencia

Ya sin el drama de la “traición” de los Yunes, quienes votarían desde entonces del lado del oficialismo, esta otra reforma fue aprobada en Cámara de Senadores el 25 de septiembre, y tendría la mayoría necesitada de los congresos locales el 19 del mismo mes. Lo mismo ocurrió con la aprobación de las leyes secundarias a la reforma judicial.

Si bien el estilo apresurado de López Obrador ha permeado a la clase política en esta transición, se han reconocido algunos gestos de mesura en la titular del Ejecutivo, pues se dice que en la ventana de septiembre, la entonces presidenta electa intentó hacer labor de convencimiento con los legisladores de su bancada para que la reforma judicial, que igual venía en el paquete de reformas del 5 de febrero, pudiera esperar a que ella asumiera la presidencia para ser discutida en un ánimo de verdadero diálogo y parlamento abierto, pero esto fracasó por la prisa y atropello que desde entonces han adoptados los líderes de las bancadas de las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente No sabemos qué tan cierto sería eso, pues lo que vimos es que el poder de una ropè se impuso. No obstante, se menciona que aunque estas reformas de gran calado pudieron pasar, se logró frenar por parte de la presidenta y de sus colaboradores cercanos, la reforma electoral para que con más tiempo se pueda discutir el cambio constitucional en materia de reducir el Congreso de 500 a 300 integrantes, eliminando por competo a los plurinominales y dejando la Cámara sólo con diputados de mayoría, configuración que regresaría al sistema representativo que se vio por última vez en el gobierno de José López Portillo en 1976. Al menos por el momento eso se detuvo. Habrá que ver cómo se procede cuando su tiempo llegue.

Después de publicada la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, ésta entró en vigor y sin procedimientos claros se comenzó el proceso electoral que nos llevará a las urnas el siguiente año para elegir a la mitad de los puestos del Poder Judicial. Ya como ley, se comenzó con un proceso de insaculación, “una tómbola”, para elegir los 700 puestos que irán a elección popular y como otra de las expresiones de la prisa, pero esta vez una prisa torpe que pone en marcha procesos que no están del todo reglamentados.

La tómbola con pelotas tuvo lugar en el Senado, en una de las escenas más tristes y humillantes que en el nombre de la democracia se han llevado a cabo.

Más allá del desenlace de la reforma judicial que buscó sus cauces legales y el uso de la fuerza de la mayoría, que rayó en lo ilícito, una resistencia compuesta por la mayoría de los ministros no afines al régimen y algunos jueces a lo largo del país, dio paso a recursos de amparo en contra del proceso y la publicación de la reforma. Estas sanciones fueron fuertemente sancionadas por senadores, diputados y por la misma presidenta Sheinbaum, pues argumentaban que no se podría señalar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, y acusándolos de violar la ley, se levantó una campaña de ataque bajo los señalamientos de que lo que los juzgadores buscaban era defender sus privilegios e ir en contra del pueblo. No negamos la necesidad de reformar al que pudiera ser el poder más oscuro, pero dicho argumento llevó a un cambio constitucional que apuntó, más bien, a la concentración de poder sin que se atienda a los graves problemas de corrupción en el Judicial.

Contradiciendo la idea de que la ley misma hacía improcedentes los amparos en contra de la reforma judicial, durante octubre se llevó a cabo con la misma prisa un proceso de blindaje de los cambios radicales ejecutados y se propuso, “discutió” aprobó, ratificó y publicó una ley llamada de “supremacía constitucional”. Aquí se propuso que ninguna reforma constitucional podría ser impugnada, aunque contara con vicios de procedimiento o atentara con las garantías básicas constitucionales, para así desechar toda discusión de forma y fondo. Ahora no hay forma de impugnar u oponerse por la vía legal a los cambios propuestos por el oficialismo y esto elimina la capacidad de discernir, no ya por los poderes, sino por cualquier ciudadano frente a cualquier cambio que el oficialismo proponga. Con ello, quedó expuesta una contradicción, pues si antes de esta reforma se argumentaba que los juzgadores no podrían por ley impugnar o amparar a personas frente a los agravios hacia el Poder Judicial, ¿cuál fue entonces la necesidad de llevar a cabo una reforma en ese mismo sentido?

Lo que nos queda claro es que antes de que se aprobara esa reforma, en los primeros días de noviembre, los juzgadores sí tenían la legitimidad y la legalidad de contravenir la ley que ahora es Constitución. Pero eso es cosa de un tiempo que no fue, pues ya los cambios aplicados ahora concretan la prisa.

Algunos pensamos que con en el cambio de régimen encabezado por Sheinbaum ocurriría algo distinto, que la prisa era del antecesor y ella se vería envuelta en una incómoda situación en la que debería llevar a cabo su mentado “cambio con continuidad”, pero ahora vemos que como se han dado señales, no está en duda la agencia y la voluntad de ella como política del más alto nivel en México, sino que es patente su convicción para llevar a cabo estos cambios con la misma prisa que en un principio le fue impuesta, pero que ahora ha hecho propia. Con tanto desacato hacia las resoluciones de la Corte, el uso faccioso de los medios oficiales para desacreditar a quien discierna tachándolo de “adversario”, y el uso del discurso que se impone por la fuerza de lo que se ha manoseado en nombre del “pueblo”, queda en duda de la posibilidad de una spuodè que lleve a buen puerto la prisa.

Si los contrapesos no hallan una oposición responsable (porque no la ha habido), muchos contrapesos se gestarán en el interior del bloque que en su primer momento se pinta a sí mismo como unido y con una férrea disciplina política, o bien podrán llegar desde el exterior fuerzas que no se han tenido presupuestadas o no se les ha tomado en serio y que no se pueden controlar con los mecanismos que una república puede contemplar en su estructura. Los trenes, como sabemos, no están exentos de descarrilarse luego de arrollar todo. Ni los dioses se hallan a salvo de perder su fuerza cuando se pone en entredicho su omnipotencia.

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^[1] Este texto pretendía salir a toda prisa cuando se empezó a discutir la reforma judicial. Ya había agarrado elementos de análisis desde la aprobación en la Cámara de Diputados, luego vino el show de la aprobación en Cámara de Senadores y ahí quería dar cuenta de tan increíble evento. Sin embargo, no todos le aguantamos el ritmo al oficialismo, pues de inmediato se vino una avalancha de sucesos, entre la siguiente aprobación de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, hoy Defensa; el cambio de gobierno histórico de la presidenta, las leyes secundarias de la reforma judicial… y, ahora, la siguiente propuesta de reforma para evitar la discusión sobre reformas constitucionales. No es sino hasta ahora que puedo intentar plasmar el ritmo de lo que este tren del oficialismo ha traído. No recuerdo que haya habido mes y medio tan intenso en política institucionalizada como éste, que además ocurre en un periodo en el que la violencia y la inseguridad han alcanzado un gran auge y es imposible pararse a respirar. Así pues, tranquilamente y tratando de respirar, escribo este texto sobre la prisa.>zA<