Luego de que se anunciara una reducción de 5 mil 360.1 millones de pesos en el presupuesto que la federación daría a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2025 y de 2 mil 152.7 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado donde señaló que se trataba de un “lamentable error” y que se estaban realizando los ajustes para –como lo había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum– no sólo se respetara el presupuesto sino que se daría un incremento “similar a la inflación”.


Sin embargo, esta aclaración no evita que el presupuesto federal sí se reduzca para otras instituciones públicas de educación superior, que –como se observa en el proyecto entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados– sí muestran una reducción respecto al año pasado, tal es el caso de la más afectada: la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuya reducción es de 14.1 por ciento nominal y 17.6 real, es decir, mil 337,1 millones de pesos menos y cuya reducción, según un comunicado de la UAM significaría “la desaparición de facto del programa de becas Elisa Acuña para 16 mil estudiantes, la imposibilidad de concluir obras iniciadas en el presente año, así como una caída real y significativa en el monto destinado al pago de salarios del personal académico y administrativo”.

Otras instituciones afectadas por la reducción presupuestal son El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Pedagógica Nacional, el Tecnológico Nacional de México, entre otras, en contraste, el presupuesto se aumentó para la Universidad del Bienestar Benito Juárez, que tiene un incremento nominal de 92.9 por ciento.

Cabe mencionar que el recorte también podría representar una reducción presupuestal en las universidades públicas estatales como la UAEMéx, que en 2024 recibió de la federación 2 mil 350 millones 356 mil 865 pesos, el 37% de su presupuesto estatal.
Desde el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo reducciones presupuestales para las instituciones de educación superior, el diseño de estos presupuestos, –según una investigación publicada en 2019 por Javier Mendoza Rojas– se hicieron “por parte de diversos funcionarios y legisladores del grupo político mayoritario, [con] señalamientos de privilegio, corrupción y opacidad en el ejercicio de los recursos. El tema de la autonomía universitaria, y su omisión en la iniciativa presidencial de reforma del artículo tercero constitucional formó parte del entramado político en el que se decidieron las asignaciones presupuestales”.
Por otra parte se contempla un presupuesto de más de 44 mil millones de pesos para obras públicas como el Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca Maya-Mexica, S.A. de C.V., Grupo Aeroportuario, Ferroviario, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.


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