Por: Aura Moreno

Luis David Fernández Araya, que fungía en el gobierno de la morenista Delfina Gómez como subsecretario de la Contraloría estatal, ha renunciado a su cargo con un cuestionable saldo a cuestas. Meses antes presumió la conformación de dos paquetes de denuncias penales en contra de ex funcionarios públicos del gobierno mexiquense como parte de las estrategias para atacar la corrupción en la entidad, pero esto nunca ocurrió.

Antes de su renuncia, Fernández Araya borró la publicación de sus redes donde señalaba la participación de ex funcionarios del gobierno del estado activos entre 2011 y 2023 (periodo de los ex gobernadores Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo) y negó tener información al respecto, aunque medios locales y nacionales difundieron ampliamente sus dichos sobre los avances del gobierno estatal y su promesa de combatir e impedir los abusos contra el pueblo mexiquense.

Fraude, robo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública fueron algunas de las irregularidades que dijo identificar gracias a 842 auditorías, 4 mil 201 inspecciones, 6 mil 435 testificaciones, 3 mil 830 reuniones, 229 acompañamientos, y 91 seguimientos realizados entre el 31 de mayo de 2022 y el 1 de septiembre de 2023, pero también se desconoce el seguimiento o resultado de estas acciones.

Pese a lo mediático de la revelación, en un proceso de verificación periodística la Secretaría de la Contraloría estatal afirmó que no cuenta con información sobre el paquete de denuncias, presuntamente interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de México.

Por su parte, el entonces subsecretario responsabilizó de lo dicho a la prensa con el argumento de que las publicaciones y contenido de las notas no derivaron de alguna entrevista o declaración pública, aunque nunca negó o desmintió la información que se publicó.

“Es responsabilidad de los medios de comunicación el contenido de sus notas en virtud de que estas manifestaciones no derivaron de alguna entrevista o declaración pública”, respondió vía Transparencia.

En el documento firmado por el subsecretario, se aseguró que sus declaraciones fueron a título personal y que la Secretaría de la Contraloría no está obligada a validarlas, aunque la Ley de Acceso a Información dicte que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que resulte del ejercicio de sus facultades y que la ciudadanía tiene derecho a acceder a esta evidencia.

A la par, la Dirección de Investigación y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría también respondieron que no existen denuncias penales en contra ex funcionarios.

Su salida ahora deja un nuevo hueco para la sociedad a quien se le ha convencido de que el cambio de gobierno traería justicia y erradicaría la corrupción, algo que en lo que respecta a la Subsecretaría de la Contraloría ha quedado hasta el momento en la impunidad.