Claudia Sheinbaum tomó protesta este martes como la primera presidenta de México, en una ceremonia realizada en el Congreso de la Unión. Mientras eso ocurría, cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaban sobre Paseo Reforma y cuestionaban la continuidad neoliberal del proyecto político que representa.

“De fondo es el mismo proyecto que nació y da continuidad neoliberal caracterizado por defender y obedecer a los intereses de los organismos internacionales, colocando en espacios medulares a personajes que han agraviado de manera sistemática al sindicalismo, los derechos sociales y humanos. Su posición contra el neoliberalismo queda en puro verbalismo, como se evidenció en la primera etapa del gobierno morenista”, señala la declaración política de la CNTE que fue leída por una maestra michoacana este día en el Anti monumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa, un espacio que sirvió para recordar uno de los principales compromisos incumplidos por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, cuya nueva verdad histórica encubrió también al ejército.

Casi al mismo tiempo, en el Congreso de la Unión, Sheinbaum tomaba posesión y daba su primer discurso ratificando lo establecido en sus cien propuestas de campaña, que indican que el modelo de desarrollo del país seguirá anclado en prácticas que favorecen la inversión privada, el T-MEC, el sostenimiento de la deuda externa y la consolidación de los megaproyectos, que siguen expulsando a los pueblos de sus formas de vida y recursos naturales.

Así, aseguró a los inversionistas nacionales y extranjeros que sus activos estarán seguros en México y prometió seguir impulsando la relocalización de empresas mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “No competimos, nos complementamos”, dijo ella, reflejando una visión de desarrollo orientada a atraer capitales sin alterar las estructuras económicas actuales.

De la misma manera, la presidenta anunció también la ampliación de proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que también se usará para transporte de carga, y la conclusión de la Línea K del Tren Interoceánico que conectará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Estos proyectos se suman a la construcción de más puertos, aeropuertos y carreteras, que se siguen presentando como vías para generar bienestar y potenciar la inversión en el país, pero que en ningún ámbito han tenido cabida los pobres que no viajan en avión, importan mercancías o vacacionan en el sur del país.

Y es que mientras en los últimos seis años ha adelgazado el gasto estatal para entregar programas sociales y contener la crisis económica que atraviesan las familias mexicanas, los megaproyectos han favorecido de manera directa a los oligarcas empresariales que multiplicaron sus fortunas en el sexenio junto con el ejército, que ahora cuenta con múltiples empresas además de los presupuestos más altos de la historia.

Estos megaproyectos son parte de los llamados polos de desarrollo y la promesa del gobierno de Sheinbaum es crecer a 10 polos más y al menos 100 parques industriales adicionales “para ordenar y distribuir las inversiones nacionales y extranjeras”.

En contraparte, el proyecto ratificado en el discurso presidencial, ha añadido la idea de que “seguiremos aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial. Los vamos a convencer de que el salario mínimo deba llegar a 2.5 canastas básicas diarias. Eso significa un aumento nominal, los siguientes años, de cerca del 11 por ciento anual”.

Se trata de una exigua promesa si se toman en consideración las estadísticas laborales de México, que colocan a nuestro país como el que más horas trabaja en promedio al año -de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-; también es uno de los países con menos vacaciones al año y 15 millones de trabajadores laboran más de 48 horas (pese a los establecido en la constitución). Aunque se han anunciados “cambios históricos” al salario mínimo en el sexenio, seguimos como el país de la mencionada OCDE con el salario anual más bajo.

A esto debe sumársele que el 31 por ciento de los trabajadores asalariados no tienen prestaciones laborales y otro 41 no tiene servicio médico, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estos elementos son parte del cuestionamiento a la continuidad neoliberal, pero no son los únicos. Cabe recordar que en el sexenio de López Obrador, con mayoría en ambas cámaras legislativas, no revirtió la constitucionalización del neoliberalismo planteada en las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto y sus antecesores. Todavía hoy, una de las más cuestionadas sigue vigente y sacó a las calles al magisterio: la reforma educativa.

“Ha seis años de la llegada al poder del partido de la autodenominada Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador [y] nos preguntamos dónde está la justicia social para los trabajadores que ahora reciben sus pensiones en UMA’s y no en salarios mínimos. ¿Por qué un trabajador debe llegar a los 65 años de edad para poder hacer uso de sus ahorros? ¿Por qué un trabajador debe elegir entre ahorrar para su retiro o hacerse de un patrimonio? ¿Por qué no se hicieron leyes para lograr la plena justicia para los trabajadores? ¿Por qué no se cumplió con el compromiso de reinstalar a los trabajadores de la educación que fueron cesados? ¿Por qué se sigue protegiendo a una camarilla corrupta en el SNTE? ¿Por qué los trabajadores de la educación continúan en un régimen de excepción laboral si [López Obrador] dijo que no quedaría ni un rastro de la Reforma Educativa Peñista?”.

Fotografías vía Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Esos cuestionamientos, que no fueron respondidos por Obrador en sus 25 reuniones que tuvo con la Comisión Única Negociadora de la CNTE, son preguntas que ya no responderá pero que ahora le tocan a la nueva presidenta.