Por: Carlos Pérez y Miguel Alvarado

En el proceso electoral que hemos vivido en los últimos meses en México se ha hecho evidente la existencia de “una trama oculta” que permite a los políticos mexicanos ir de un partido a otro, de acuerdo con  circunstancias personalísimas de cada uno de esos actores o personajes, sin que por ello se tenga el menor problema ético, de congruencia y hasta ideológico.

Es claro que el objetivo de quienes realizan esta práctica, también llamada “chapulineo”, no es la política ni el servicio a la comunidad, sino la permanencia en el poder y la inclusión de intereses —personales o de grupo— en el erario público y en cargos que les otorguen un capital para hacer crecer el ámbito de sus influencias.

La política mexicana es perversa: cuando el ciudadano considera que no puede sorprenderlo, se transforma, se vuelve otra y adopta disfraces para seguir consumiendo los recursos públicos, abusando de los votantes.

Eso es lo que ha pasado con el PRI, un partido al que en 2018, después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, se le daba por desaparecido. No fue así, primero realizó una alianza con dos de sus irreconciliables rivales: el izquierdista PRD y el derechista PAN, a los que lo unen antivalores de todo tipo y escalas, pero ninguna confluencia política ni ideológica.

Después, el PRI se acercó a Morena, el partido del presidente: un partido autoasumido como de izquierda y que en sus inicios lo fue, pero que hoy, a días de una nueva elección presidencial, es cualquier cosa menos eso. Ese acercamiento priista tuvo como consecuencia la apertura de las puertas de Morena, por donde comenzaron a colarse priistas de bajo perfil que se encargaron de organizar para este partido los comicios en este sexenio.

Fueron los operadores priistas quienes enseñaron a voraces morenistas a trabajar los periodos de campañas. Los enseñaron, y muchos de ellos aceptaron el adoctrinamiento como antes habían aceptado las propuestas del mismo López Obrador. Hoy, Morena y los minipartidos de la Cuarta Transformación son una miscelánea donde se exhiben gobernadores, exsecretarios de Estado y exaspirantes que compitieron contra candidatos morenistas a los que les allanaron el camino electoral. Ahí, en la llamada cuarta transformación se asienta Eruviel Ávila, exgobernador mexiquense; Alejandra del Moral, excandidata del PRI para el Edomex en 2023, y otros cuadros que se han ido mezclando.

Edomex, el laboratorio del engaño

El pasado 26 de junio, la candidata Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales una infografía donde señalaba que todas las encuestas confirman que ganará la elección hasta por 36 puntos porcentuales. Al día siguiente, por la mañana, la foto de la candidata presidencial junto a Alejandra del Moral caía como un balde de agua fría sobre aquéllos que hace unos meses hicieron campaña contra la candidata del PRI-PAN-PRD por la gubernatura del Edomex y aseguraban que finalmente sacarían al priismo de la entidad.

El color predominante de la foto es el blanco, ese que alude a la transparencia y la pureza, sobre ella la frase: “Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la Transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”.

No es la primera vez que algo sucede dentro de la Cuarta Transformación con expriistas, sin embargo, lo que más sorprende es la velocidad con la que cambiaron el discurso sobre Del Moral, a quien apenas hace un año denunciaban ante el IEEM, exhibían sus mentiras y señalaban de corrupta por sus vínculos en una trama de empresas fachadas y un fraude por más de 5 mil millones de pesos, una denuncia exhibida por la periodista Tere Montaño, a quien le costó un secuestro y amenazas de muerte.

Inmediatamente, las reacciones de priistas, panistas y morenistas salieron a relucir; deslindes y reclamos para acomodarse a la nueva situación, aunque esto implicó el cambio del discurso y convicciones en 180 grados.

Sólo un comunicado de los Consejeros Nacionales de Morena en el Estado de México circuló al día siguiente para expresar su “absoluta desaprobación” a la integración de Del Moral al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Pero el paso ya estaba dado, tal como sucedió con la integración del exgobernador Eruviel Ávila al Partido Verde,  la elección del hijo de Luis Miranda Nava (compadre de Peña Nieto) a la candidatura por la diputación federal por el distrito 36 de Toluca o la recién exhibida participación de Raymundo Martínez Carbajal en la campaña de Ricardo Moreno por el municipio de Toluca.

Un conjunto de medidas que exhiben acuerdos políticos y engaños a la población, una responsabilidad compartida entre los que hoy llaman a apoyar el proyecto de la “Transformación”, pese a los acuerdos de impunidad. 

Los engaños del sistema electoral

Frente a un abstencionismo de cerca del 50% de la población, sumado a los llamados al voto nulo por la falta de opciones políticas, en 2012 se recuperó el derecho a las candidaturas independientes que habían sido restringidas desde 1946.

En este proceso electoral, una vez más se ha hecho evidente la imposibilidad de que las candidaturas independientes abran espacio a los sectores marginados; en 2024, de 125 municipios del Edomex, solo en nueve hay una planilla de candidaturas independientes a presidencias municipales, mientras que en las diputaciones locales sólo tres lograron iniciar el registro a una candidatura independiente, aunque ninguno cumplió el requerimiento de firmas del tres por ciento de la Lista Nominal de su distrito.

En 2023, ningún aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Edomex logró recabar las firmas requeridas y en estas elecciones presidenciales tampoco hay candidaturas independientes que hayan logrado registro.

Además, en la gran mayoría de casos, los aspirantes a las candidaturas independientes son políticos que por distintas contradicciones han salido de sus partidos políticos.

Estos resultados están relacionados con las condiciones estructurales de desigualdad que vive México, pues la elección de cargos, lejos de ser una responsabilidad que asigna la sociedad de manera democrática a uno de sus integrantes, representa un capital político y económico, que sólo un porcentaje minoritario de la población puede tener, pues ¿cómo puede competir una ama de casa, un trabajador, un estudiante, un movimiento u organización social con los financiamientos millonarios de los partidos políticos?

Otra de las medidas que en 2024 se han promovido desde los órganos electorales para, supuestamente, garantizar la participación política de sectores sociales históricamente marginados han sido las acciones afirmativas.

En estas elecciones, el IEEM emitió criterios para obligar a los partidos a que un porcentaje de sus candidaturas a diputaciones y ayuntamientos contemplaran la participación de pueblos y comunidades indígenas, personas afromexiquenses, personas con discapacidad permanente y Población LGBTTTIQ+.

La usurpación de esos espacios en este proceso ya ha sido exhibida por organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ que hace unas semanas dieron a conocer que al menos 11 candidaturas no representaban a esta comunidad. Una estrategia que se ha replicado en los representantes de los demás sectores.

Por su parte, Morena y López Obrador han planteado que se requiere una profunda reforma electoral, sin embargo las medidas que han propuesto tampoco garantizan la participación  política de la mayoría de la población, pues aunque se eliminen los plurinominales, se reduzcan gastos y se voten los consejeros electorales y magistrados, seguirán pasando por el mismo filtro económico que limita la participación de sectores populares.

Además es necesario identificar la ausencia completa de sectores mayoritarios en las propuestas de campaña, tal es el caso de Toluca una ciudad industrial, en la que en los últimos años no ha existido una sola propuesta de campaña que haya sido dirigida a las y los obreros.

La violencia electoral

Si como se ha descrito, el proceso electoral tiene candados que limitan la participación electoral de la mayoría de la población, el escenario de violencia que desde distintos factores e intereses se ha construido en México, representa una gran limitación para aquellos sectores que de manera honesta y comprometida pueden buscar cambios pues el asesinato, las amenazas y la persecución siguen siendo una alternativa para quienes buscan imponer sus intereses impunemente.

Hasta el 28 de mayo, el gobierno federal confirmó el asesinato de 22 aspirantes a cargos electorales mientras que en Edomex  se han dado 378 dimisiones y aunque no todas están relacionadas con la violencia, ya ha habido casos representativos como la candidata de Morena de Santo Tomas de los Plátanos: Teresa Reyes, quien renunció a su aspiración a ser presideta municipal tras recibir amenazas y que su suegro fuera secuestrado, además, de acuerdo con el gobierno estatal, se han requerido 203 medidas de seguridad por parte de candidatos.

Aunque este clima es maximizado por las fuerzas del PRI-PAN-PRD y minimizado por el gobierno estatal y federal, lo que no es posible negar es la existencia de regiones completas controladas por el crimen organizado en la entidad, principalmente la zona sur, donde el color del partido que gobierna queda en segundo plano y las libertades democráticas llevan años sin existir.

En busca de alternativas

En el contexto electoral que hemos descrito, el llamado a votar se convierte en una frase hueca que se repite constantemente en medios de comunicación, limitando la participación política de la población a elegir uno u otro candidato.

En este contexto, distintas organizaciones y sectores sociales han construido propuestas que por un lado cuestionan el proceso electoral, como los llamados a anular el voto, en los que se encuentra la convocatoria “’Vota por las personas desaparecidas’” realizada por familias y organizaciones de desaparecidos y desaparecidas que convocan a poner en la boleta el nombre de uno de las 61 personas desaparecidas que enarbolan este procesos.

Por otro lado se encuentra la organización y protesta social, que puede o no tener un posicionamiento sobre el proceso electoral, pero que juega un papel en la vida política del país. A unos días de las elecciones, un paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y el plantón establecido en el zócalo, bajo la consigna de ¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden! ha dado muestra de que más allá del proceso electoral se encuentra la defensa y ampliación de los derechos sociales.

El plantón en el zócalo ha evitado que la Marea Rosa, y la Cuarta Transformación, realicen sus principales actos políticos de forma limpia y sin oposición, además el hecho de que cierre el mandato de López Obrador con uno de los sectores sociales más importantes, que permitieron su llegada al poder, movilizados y exigiendo mejoras salariales y la eliminación de la reforma educativa neoliberal que bajo otras formas se mantiene, da cuenta de que hay otras alternativas para la sociedad.

En el mismo sentido, las protestas que ha habido en México —principalmente estudiantiles— por el genocidio que comete Israel en Palestina y la postura tibia del gobierno federal vienen empujando en la coyuntura electoral el cambio de postura del gobierno de López Obrador; que el 24 de mayo solicitó de manera formal intervenir en el proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por Sudáfrica contra Israel. Sin embargo aún no ha dado el paso de romper relaciones diplomáticas con este país como se demanda.

Es esta también una postura política, que da cuenta de que hay opciones que más allá de las elecciones de este 2 de junio están en marcha.