Por: Miguel Ángel Alvarado

El problema de la falta de agua está relacionado de manera directa con la deforestación de las selvas y zonas boscosas en el país. El Gran Bosque del Agua que atraviesa el territorio mexiquense, una parte de la Ciudad de México y Morelos, y que llega hasta suelo michoacano es ejemplo de ello. Ahí, la zona del río Cutzamala da inicio el Sistema también denominado Cutzamala, una de las estructuras de extracción de agua más importantes del país porque abastece de líquido al 25 por ciento de la población de la Ciudad de México y a una parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, este último el conglomerado urbano más grande del país habitado por cerca de 22 millones de personas.

El Sistema Cutzamala, que comenzó a proyectarse en 1972 de manera formal, entró en servicio desde 1982 con el objetivo de “llevarse el agua”. En los últimos diez años se ha evidenciado el deterioro gradual del Sistema, que toma el producto de tres presas, principalmente: la del Bosque, ubicada en zona michoacana, y las lagunas de Valle de Bravo y de Villa Victoria, atravesadas por una kilométrica sucesión de tuberías y máquinas extractoras.

Desde octubre de 2023, la ausencia de lluvias, pero también la tala inmoderada de la zona boscosa ha dejado sin agua a Valle de Bravo y a Villa Victoria, que para el 1 de abril registraban en sus presas apenas el 26.9 y 28.29 por ciento de su capacidad, los registros más bajos en los últimos años, de acuerdo con los datos del Organismo de Cuencas del Valle de México disponibles en su sitio web.

La falta de agua afecta no sólo a los consumidores de las áreas urbanas a las que llega, sino a los habitantes de las regiones en donde se extrae el elemento. Ahora afecta también a poblaciones del Valle de Toluca, cuya agua también es transportada a la capital de México, lo cual ha dejado sin servicio a cerca de 60 colonias toluqueñas, sometidas a servicios de tandeo o compra de pipas para solucionar la carencia, al menos momentáneamente.

En tanto, para el 26 de marzo se habían declarado en el Estado de México 25 grandes incendios en zonas forestales y se calculaba que al menos la mitad de ellos habían sido intencionales. Los bosques de Xochicuautla, en Lerma, estaban quemándose y en Toluca se registraron incendios en el Parque Sierra Morelos, una de las pocas zonas con masa forestal y San Juan de las Huertas, muy cerca del Nevado de Toluca. Asimismo, este volcán ha perdido en los últimos años cerca del 30 por ciento de su superficie boscosa debido a la tala ilegal y también a que se ha promovido un inusual cambio de uso de suelo que beneficia a las actividades agropecuarias, más productivas que las regiones forestales y más fáciles de explotar, pero que dañan ecosistemas y cambian los paisajes a veces de manera irremediable.

Además para el 2 de abril la Protectora de Bosques del Estado de México, informó que liquido 14 incendios forestales en San Luis Ayuca, municipio de Jilotzingo; Ejido Zaragoza, en Calimaya; Cerro Mocho, en Chalco; La Magdalena, en Temascaltepec; Muyteje, en Acambay, Rincón de Ugarte, en Tejupilco; Tepeaxco, en Ecatzingo; Río Frío, en Ixtapaluca; Ejido Zaragoza, en Tenango del Valle, Bienes Comunales del municipio de Xalatlaco, dos en el ejido Transfiguración, en Nicolás Romero y dos más en Ocuilan, en los predios Cerro del Aire y Santa Martha, mientras que 4 se mantenían activos en San Bartolomé, Villa Guerrero; Santa María Huejoculco, en Chalco; Santiago Tepatlaxco, en Naucalpan; y en Parque Nacional, en Ixtapaluca.

De acuerdo a reportes periodísticos, el Estado de México pierde todos los años un promedio de mil 300 hectáreas de áreas boscosas. Esto se presenta, sobre todo, en la región de Valle de Bravo y Villa Victoria, la misma por la que pasa el Sistema Cutzamala, y en otras como San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan, así como en los municipios limítrofes con la CDMX como Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Lerma y Jilotzingo, que deben enfrentar el avance de empresas fraccionadoras que talan los bosques para construir fraccionamientos residenciales, parques industriales y desarrollos inmobiliarios.

La oposición de los ejidatarios ha sido fundamental para detener algunos de estos proyectos. En Atzingo y las lagunas de Zempoala, la situación es otra. Ahí la tala clandestina ha despoblado desde hace 20 años cientos de hectáreas para hacerse de la madera que es transportada a ciudades cercanas como Toluca, Cuernavaca y la capital de México.

Ahora no es tan fácil combatir a los talamontes porque esa actividad ilegal está controlada por la Familia Michoacana, que ha sabido eludir y pactar con los soldados enviados para detenerlos. Así, la presencia de la Guardia Nacional es ineficaz y las detenciones no han servido porque los talamontes salen una y otra vez para seguir cortando y operando los aserraderos clandestinos. La comunidad de Atzingo ha tenido que defenderse y se ha organizado para detener a los criminales, aunque carece de armas de fuego y de tácticas para enfrentar a grupos armados.

Los ejidatarios han optado por dar a conocer la problemática y en este punto exigir a las autoridades para que cumplan con su deber. La naturaleza de su acción, dicen, los llevará a conformar una policía comunitaria si las dependencias insisten en su ineficacia, en no hacer nada.

La tala ilegal en los bosques de Atzingo provoca la erosión del suelo, lo cual también implica que el agua de lluvia no se quede en la zona, sino que busque otros cauces y abandone la masa forestal. A la acción de la tala clandestina ejecutada por cárteles se le llama “narcodeforestación”, de acuerdo con clasificaciones recientes de la propia Organización de las Naciones Unidas y del Informe 2023 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Estos son trabajos muy importantes que tienen como objetivo probar, por fin, que la narcodeforestación está relacionada con el abatimiento de selvas y bosques en toda América Latina, principalmente en Perú y Brasil, para beneficiar a trasnacionales.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal mexicana, en nuestro país se pierden, cada año, desde el 2001, un promedio de 208 mil 746 hectáreas. Según la misma dependencia, en la región centro –que comprende la Ciudad de México, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala– de 2001 al 2018 se deforestaron 154 mil 164 hectáreas, equivalentes a 8 mil 656 hectáreas anuales de tierras deforestadas.

De esto y más hablamos en nuestro último episodio: