En el Estado de México no hay una comunidad que haya insistido tanto y de tantas maneras para que los distintos niveles de gobierno intervengan y detengan la tala ilegal que San Juan Atzingo, pueblo indígena tlahuica que se autodenomina como “pijekak joo” -que quiere decir “lo que yo soy” o “lo que hablo”)- y que además busca ser reconocido como municipio indígena e independizarse de Ocuilan, la demarcación a la actualmente pertenece.

Su voz se ha hecho escuchar en asambleas, marchas, bloqueos, medios de comunicación, foros y hasta en la Mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la inacción institucional los ha arrastrado a un callejón sin salida y ahora su única alternativa es defenderse, defender su bosque, como lo hicieron este día cuando incendiaron un camión tipo torton cargado con madera obtenida gracias a la tala clandestina.

Esta acción no es nueva, pues hace más de dos años ya operaba una autodefensa de la comunidad que por su propia cuenta defendía el bosque, aunque la ofensiva criminal de los talamontes la desarticuló muy pronto.

El 5 de junio de 2022 los comuneros realizaron distintos bloqueos carreteros en busca de que sus demandas pudieran ser atendidas por los distintos niveles de gobierno, y para que la Guardia Nacional interviniera para detener la tala ilegal en su territorio y en el gigantesco Bosque de Agua, que abarca una extensa región del Estado de México, Michoacán, Morelos, una parte de la Ciudad de México y Morelos.

Las protestas posibilitaron una mesa de trabajo con distintas autoridades y ahí los representantes de la comunidad entregaron nombres de los talamontes y las coordenadas en las que se encuentran cada uno de los aserraderos clandestinos instalados en la zona. Ante la presión, la Guardia Nacional realizó un operativo muy limitado que no permitió detener a nadie, pero sí tuvo una amplia difusión en medios locales de comunicación. Para octubre de ese año la situación se había recrudecido más y los talamontes seguían trabajando en impunidad.

Los afectados emprendieron otras acciones que involucraba faenas y reforestaciones, así como la difusión del problema. Con esto lograron que al menos en dos ocasiones el presidente López Obrador fuese informado de la problemática y se les canalizara a las dependencias federales encargadas de proteger el medio ambiente.

Pero nuevamente todo quedó en largas burocráticas e inacción por parte de las instancias de gobierno, en realidad una violencia institucional que poco a poco ha sido confrontada y combatida gracias a la organización comunitaria. Apenas el pasado 27 de febrero de 2024 el medio de comunicación local La Coperacha informaba que los comuneros habían sido atacados por presuntos talamontes cuando realizaban trabajos de manejo forestal.

En este marco, otros medios de comunicación realizaron, hace unos días, coberturas acerca de la situación que se vive en el bosque y se pudo observar que la organización comunitaria ha decidido utilizar armas y un nuevo esquema de autodefensa para enfrentar a los taladores.

Poco sirvió que nuevamente la inconformidad creciente de los afectados en la región se difundiera y este día los pobladores informaron que habían decidido quemar el referido camión de madera porque la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la propia Fiscalía General de la República (FGR) habían liberado otros camiones capturados por la comunidad en meses anteriores. Esos camiones habían sido devueltos a los delincuentes, que los seguían usando para acarrear madera obtenida ilegalmente.

Hoy, el chofer fue retenido y su entrega a las autoridades sucederá en un contexto en el que la falta de agua ha ido escalando entre las problemáticas más graves de la entidad. Además, se cumplen tres meses del linchamiento de diez sicarios de la Familia Michoacana en el pueblo de Texcapilla, ubicado en el municipio de Texcaltitlán, ejecutados por comuneros cuando los extorsionaban en el centro de aquella comunidad. La tala clandestina, controlada por sicarios de la Familia Michoacana, los enfrentamientos de la población contra el crimen organizado y la inefectividad de los tres niveles de gobierno para por lo menos mitigar la presencia del crimen organizado deja de manifiesto la vulnerabilidad de la población y las comunidades, que deben organizarse para defenderse como puedan, casi siempre en desventaja y al amparo de la suerte.