Por: Patricia Ramírez

Hace nueve años cuando se conoció que los muchachos de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, habían sido atacados por policías, o algún grupo armado, entonces no identificado, algunos tuvimos la certeza de que, como siempre, como hace tantos años, la acción era parte de la represión sistemática que el Estado ejerce contra las normales rurales.

En principio no hubo una gran cobertura mediática del caso, pero a cuentagotas se supo que de los desaparecidos algunos estaban heridos, que varios lograron huir, que unos más llegaron a un hospital privado en el que no los atendieron y al que después también llegaron los soldados a sacarlos y a agredirlos. Se empezaron a contabilizar heridos; los testimonios comenzaron a construir una historia incompleta, terrible, coronada macabramente por el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón, un muchacho a quien estando vivo le arrancaron el rostro.

Al final fueron 43 los estudiantes desaparecidos. Entonces comenzaron a congregarse en torno a la exigencia de su aparición con vida, por supuesto, los padres y madres de ellos; integrantes de las normales rurales, las asociaciones pro derechos humanos, agrupaciones solidarias, civiles, estudiantes universitarios, hombres y mujeres, todo aquél que pensaba que las desapariciones de personas son inaceptables por su naturaleza.

La incertidumbre respecto al caso fue creciendo, junto con las críticas a los muchachos por manifestarse, por “tomar camiones”, “por no estar en las aulas, como es obligación de los estudiantes”, opiniones que muestran una profunda ignorancia del contexto mexicano, pero más que eso, una horrorosa insensibilidad.

Las normales rurales

En México, las normales rurales son una alternativa para jóvenes de bajos recursos, pues otorgan becas y funcionan como internado y tienen comedor gratuito; en esencia fueron concebidas con la idea formar profesores para las comunidades rurales que alfabeticen en las regiones alejadas y que combinen el trabajo docente con la enseñanza agrícola. A esta concepción, reforzada en 1935 con el cardenismo, le sobreviven apenas 15 normales -otros conteos mencionan 17- aglutinadas en una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Por su concepción, quienes ingresan a dichas normales son formados ideológicamente, participan activamente en actos políticos —como la conmemoración anual de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco— y, por su sentido de autogobierno, buscan la manera de hacerse de recursos; por estas razones, también, han recibido persecución política de manera sistemática y son consideradas “peligrosas” para el Estado.

En esas normales existen, asimismo, diversos aspectos que requieren atención para desentrañar los acontecimientos de Ayotzinapa, dice el periodista Miguel Ángel Alvarado, en su libro “Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa”, que los 43 muchachos fueron conducidos por líderes de la estructura estudiantil de la escuela, entre ellos Manuel Vázquez Arellano, conocido también como Omar García, hoy diputado federal plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y David Flores Maldonado, ahora director de área en la Secretaría de Educación Pública.

Una hebra para jalar

Miguel Ángel Alvarado integra a la discusión un aspecto importante que se relaciona con el extractivismo, con la minería que sobre todo está en poder de empresas canadienses y con la relación que de ésta se establece con el narcotráfico; Ayotzinapa, dice Alvarado, es la suma de corrupciones, encubrimientos, asesinatos y abusos.

Lo que sucedió en Ayotzinapa, dice, no podría haber sucedido sin infiltrados en la normal, cuando la toma de camiones se tradujo en una movilización del ejército, de grupos de narcotráfico y de la policía, acciones que, además fueron encubiertas desde las altas esferas de la política mexicana. De esta manera, desentrañar lo sucedido requiere comprender más a fondo el problema, evaluar los intereses económicos y políticos que se tejen en Guerrero y comprender que la defensa social que un estado como ése, donde se forman los profesores normalistas, podría ejercer ante la política extractivista un obstáculo.

Mentiras sin partido

A nueve años, las explicaciones y las investigaciones realizadas por las autoridades no han llegado a ningún lado; avanzar en círculos se ha convertido en una estrategia del Estado para apostar al olvido; nunca hubo voluntad ni compromiso del gobierno de Enrique Peña por dar a conocer los sucedido y tampoco lo ha habido, más allá de la utilización como estrategia propagandística y de campaña, por parte de Andrés Manuel López Obrador.

La declaración de que la verdad histórica era falsa y construida fue también reafirmar lo que ya se sabía; hoy, las noticias que han recibido los padres de los 43 muchachos reviran hacia la normal, intentando hablar de nexos locales, de explicar la masacre desde el grupo delincuencial de los Guerreros Unidos. Es una vuelta al inicio, porque aunque la verdad, o algo cercano a ello se sepa, no se expresará pues en el sistema que nos rige nada, ni siquiera la vida de 43 muchachos, es más importante que los intereses económicos.

Las deudas del Ejército

Con México y con Guerrero el ejército tiene muchas deudas, debe muchas vidas; su posición de brazo armado del Estado lo pone contra la resistencia y organización. Obedece órdenes o se colude con grupos delincuenciales para atacar, reprimir y asesinar. Además les guarda muchos secretos y una política protectora que en ciertos periodos presidenciales se fortalece.

El Ejército es responsable de actos atroces, incluido el de la desaparición de los 43 muchachos, y hasta ahora ninguna acción lo ha obligado a entregar la información suficiente o necesaria para contribuir a aclarar lo sucedido.

Seguir nombrándolos

Seguirlos nombrando a los 43, porque nadie, desde una concepción humanista, debería tener las herramientas, los elementos y el poder de desaparecer o asesinar a 43 muchachos. Porque en el terrible entramado reparemos en que ante un sistema corrupto, represor y capitalista no hay defensa que valga sino la organización, la resistencia y la memoria.

Benjamín Ascencio Bautista, 19 años; Marcial Pablo Baranda, 20 años; Israel Caballero Sánchez, 21 años; José A. Campos Cantor, 33 años; Abelardo Vázquez Penitén, 19 años; Abel García Hernández, 19 años; Leonel Castro Abarca, 19 años; Adán Abrajan De la Cruz, 24 años; Christian Tomás Colón Gárnica, 18 años; Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años; Bernardo Flores Alcaraz, 21 años; Luis Ángel Francisco Arzola, 19 años; Antonio Santana Maestro, 20 años; Alexander Mora Venancio, 19 años (supuestamente identificado); Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años; Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 19 años; César Manuel González Hernández, 22 años; Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 19 años (identificado); Cutberto Ortiz Ramos, 22 años; Doriam González Parral, 19 años; Jorge Luis González Parral, 21 años; Emiliano Gaspar de la Cruz, 22 años; Everardo Rodríguez Bello, 19 años; Felipe Arnulfo Rosas, 20 años; Giovanni Galíndez Guerrero, 20 años; Israel Jacinto Lugardo, 19 años; Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 21 años; Jhosivanni Guerrero de la Cruz, 20 años (identificado); Jonás Trujillo González, 20 años; Jorge Álvarez Nava, 19 años; Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 20 años; José Ángel Navarrete González, 18 años; José Eduardo Bartolo Tlatempa, 17 años; José Luis Luna Torres, 20 años; Julio César López Patoltzin, 24 años; Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años; Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años; Marco Antonio Gómez Molina, 21 años; Martin Getsemany Sánchez García, 20 años; Mauricio Ortega Valerio, 18 años; Miguel Ángel Hernández Martínez, 28 años; Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 23 años; Saúl Bruno García, 19 años.